El gobierno argentino consideró un "gesto inamistoso" de parte del gobierno de Uruguay la autorización del aumento de producción de una planta de celulosa en un río fronterizo y señaló que "reevalúa" la relación bilateral, según un comunicado de la Cancillería.
"Se trata de un gesto inamistoso de parte de su gobierno en un tema que desde octubre de 2013 ha surgido como una nueva etapa de la controversia entre nuestros países en torno a la violación por parte del Uruguay del Estatuto del Río Uruguay", señala la nota, que transcribe una carta remitida al canciller uruguayo Luis Almagro.
En la misiva, firmada por el ministro de Relaciones Exteriores Héctor Timerman, Argentina informa que recurrirá otra vez a la Corte Internacional de La Haya y que "reevalúa todas las políticas de relacionamiento bilateral con el Uruguay".
El gobierno del presidente José Mujica autorizó un aumento de producción a la planta de la finlandesa UPM ubicada sobre el Uruguay, un río de administración compartida con Argentina, que rechazó la instalación de la fábrica argumentando su efecto contaminante.
UPM señaló en un comunicado que su planta "ha cumplido con todas las exigencias impuestas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (de Uruguay), por lo que fue autorizada a aumentar su producción a los niveles solicitados en el año 2011".
La empresa finlandesa había solicitado en 2011 un permiso para aumentar la producción de 1,1 millones de toneladas anuales a 1,3 millones.
El gobierno uruguayo le autorizó en octubre de 2013 un incremento de 100.000 toneladas a 1,2 millones anuales con "carácter provisorio, revocable", según dijo entonces Mujica, quien indicó que a cambio de ese permiso la empresa debía instalar una torre de enfriamiento de los fluidos que llegan al río y rebajar el contenido de fósforo de los desechos vertidos.
La planta de celulosa comenzó a funcionar en 2007 y desde entonces ha sido objeto de un severo conflicto con Argentina.
Militantes por el medio ambiente de Gualeguaychú (230 km al norte de Buenos Aires), la población costera argentina frente a la cual se encuentra la fábrica, bloquearon durante casi tres años y medio el tránsito por un puente internacional entre ambos países.
En 2010, el gobierno argentino llevó la controversia a la Corte Internacional de La Haya, pero el tribunal rechazó su demanda de relocalizar la planta afirmando que no había pruebas de que contaminara.
La Corte ordenó asimismo que ambos países controlaran de manera conjunta el impacto ambiental en el río Uruguay.
Para el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner, la decisión de autorizar un aumento de la producción de 100.000 toneladas anuales también se contrapone con el Estatuto del Río Uruguay, firmado por ambos países en 1975.
Sergio Urribarri, el gobernador de Entre Ríos, provincia donde se encuentra Gualeguaychú, calificó la actitud de Uruguay de "desconcertante" y dijo que "revela su escasa voluntad para encausar la relación binacional por el camino de la fraternidad y la convivencia".
Destacó además la necesidad de "revertir esta situación sin generar mas daño a esta relación que es imprescindible para el desarrollo de toda el área limítrofe del corredor y para todo el Uruguay".