Hace cinco años, el entonces gobierno central y el presidente de la moribunda Telecom, Alfonso Gómez Palacio, le anunciaron al país la salvación de la estatal telefónica y dijeron, sin dubitación ninguna, que el altísimo pasivo pensional quedaba cubierto tras el negocio con la española Telefónica. Y, además, que luego de la subasta la empresa era muy atractiva para los grandes jugadores mundiales de las telecomunicaciones y que Telecom entraría al negocio de la telefonía celular y que tendría canal de televisión y banda ancha. Y, sobre todo, que durante los siguientes 17 años quedaban cubiertas las pensiones por cerca de 7 billones de pesos.

Bien conectados. Ríos de leche y miel se avizoraban para Telecom, marca insignia del país sumida en ese momento en una crítica situación producto de sus descomunales beneficios laborales, avaricia sindical, pésimas decisiones estratégicas, administración deficiente y el arrollador avance de las nuevas tecnologías de voz y datos, ante las cuales estaba rezagada. Ya habían quedado en el pasado las gloriosas épocas del monopolio telefónico y del poder que, incluso, les permitía a sus sindicatos paralizar al país mientras se le daba gusto a su voraz apetito por más prebendas.

Larga distancia. Telefónica anunció en ese momento, 2006, que durante los siguientes tres años planeaba inversiones en Telecom por 670 millones de dólares para promover los servicios de banda ancha en todo el país, fortalecer las redes de Telecom y actualizar los sistemas y plataformas tecnológicas de la empresa, así como un modelo de empaquetamiento de servicios.

Llamada perdida. Pero hoy, cuando ya ni la marca Telecom existe -su logotipo fue lo primero que eliminaron los españoles– el país escucha que habrá que seguir cubriendo el pasivo pensional, que la nueva marca Colombia Telecomunicaciones, Coltel, necesita otros tantos billones de pesos y que sólo hay dos salidas: liquidar a Coltel y pagar del bolsillo de los contribuyentes las pensiones de sus privilegiados 17 mil jubilados, o capitalizarla y fusionarla con Movistar. ¿Y es que acaso no era ese el propósito de la privatización hecha en 2006, no era que después del negocio con Telefónica se convertía nuestra Telecom en una empresa atractiva para grandes corporaciones mundiales, no era que nuestra Telecom vendería Internet de banda ancha y telefonía celular, no era que las jugosas pensiones de los 17 mil privilegiados quedaba cubiertas por 17 años?

Línea perdida. Lastimosamente, sin explicaciones hasta ahora, nada de eso pasó. Y el Gobierno lleva al Congreso un proyecto para capitalizar a Coltel; es decir, más plata de los impuestos para cubrir otro hueco, y que se autorice la fusión. Se pregunta el ex contralor Antonio Hernández Gamarra, quien en 2006 hizo serias observaciones a esa transacción: “¿Si este negocio se le entregó a un socio estratégico que maneja el sector en el mundo con alta competitividad, por qué no produce resultados en el país?”

¿Qué dice Gómez Palacio, quien concretó la privatización en 2006?