Con una andanada de críticas recibió ayer la Comisión Primera de la Cámara de Representantes el primer debate del proyecto de acto legislativo que crea un nuevo marco jurídico para facilitar futuras desmovilizaciones.

Entre las críticas están que el proyecto otorgaría indultos y amnistías a los desmovilizados de las Autodefensas, así como derechos políticos.

Uno de los promotores del proyecto, el senador Roy Barreras, lo defendió, y finalmente el estudio tuvo que ser suspendido para evitar que se hundiera.

“Este proyecto no significa beneficio alguno para ningún grupo armado ilegal, sino solamente facultades al Presidente para presentarle al Congreso en su momento, si los terroristas dejan de ser terroristas, iniciativas legales. No significa este proyecto en ningún momento beneficio automático para los militares, ni tampoco lo significará para los paramilitares”, dijo.

Barreras explicó en qué consiste la reforma constitucional contenida en la iniciativa: “Con la modificación del artículo 66 de la Constitución, que permite la priorización y selección de casos, porque es imposible iniciar procesos individuales a 34 mil casos porque se demoran un siglo, hay que seleccionar los más graves, los más responsables, para que la justicia se aplique a esos casos y no a los menores”.

Sin embargo, los representantes Germán Navas Talero y Pablo Salamanca presentaron proposición sustitutiva del proyecto.

“No es el momento de tramitar este tipo de actos legislativos, porque yo hasta ahora no he visto de parte de los alzados en armas, ni del Gobierno, una voluntad de paz. Esto debe hacerse después de concertar diálogos con los alzados en armas, esto no puede ser un ofrecimiento voluntario”, afirmó Navas.

Por su parte, el ponente del proyecto le explicó a EL NUEVO SIGLO las modificaciones que le hizo a la iniciativa: “Las modificaciones son eminentemente formales, que de alguna manera tienden a precisar, a dejar sin lugar a equívocos, que en todos los casos sin excepción, independientemente de que se hable de algún mecanismo judicial o no, que es lo que despierta un poco de preocupación, habrá investigación y sanción”.

Según Osorio, en lo relativo a la Justicia Transicional, “ahí hay un límite de un año para que el Presidente de la República presente al Congreso de la República en relación con los criterios de selección y de priorización. Para los delitos que no se prioricen o que no se seleccionen habrá mecanismos no judiciales, pero con políticas públicas que aseguren la reparación en todos los casos sin excepción y con la verdad. Con respecto al artículo 122, en un momento determinado el Gobierno podrá decir en su proyecto de ley que si se llega a tales circunstancias, pensando en un acuerdo con los miembros de grupos armados ilegales que se desmovilicen, una vez paguen sus penas correspondientes por sus delitos cometidos, podrán ser sometidos al escrutinio popular y finalmente será la sociedad las que los elija o no”.

Por su parte el parlamentario Salamanca aseguró que con la iniciativa se busca absolver a los desmovilizados que no pudieron acceder a la ley de Justicia y Paz.

“El proyecto propone que aquellos que han cometido delitos de lesa humanidad, tortura, desaparición forzada y quienes hayan patrocinado o apoyado grupos armados ilegales, el Gobierno por medio de una ley se exima de perseguirlos y les dé eterna absolución. Además de eso, también propone que en el futuro, criminales como alias Mancuso, Macaco, Jorge 40, puedan elegirse como gobernantes y congresistas. Es francamente inconcebible que a estas alturas el Gobierno, en lugar de desplegar todo el aparato para perseguir el crimen, esté buscando instrumentos para darles absolución”, aseguró.

A su turno, el representante del Partido de La U, Miguel Gómez también expresó sus reservas frente a la iniciativa. "Este es un proyecto inconveniente por dos razones. Acabamos de aprobar la Ley de Víctimas y esta ley es para los victimarios, que permite el indulto y la amnistía de quienes han cometido crímenes atroces. El proyecto dice textualmente que se puede suspender la acción penal y que inclusive se pueden suspender las penas que han sido proferidas por un juez. A mí me preocupa que a los paramilitares les parece muy bueno el acto legislativo”, afirmó.