El futuro del proyecto de ley que busca meter en cintura la actividad de seguridad privada en el país sigue tambaleando en el Congreso. De hecho se espera que hoy comience por falta de quorum, no pudo ser aprobado el pasado 1º de junio en la Comisión Segunda de Cámara.

 

Sin embargo, este hecho se lo atribuyó al Gobierno la presidenta de la comisión, Aída Merlano, quien aseguró que el objetivo es hundir la iniciativa.

 

Cabe destacar que el  Gobierno pidió a los parlamentarios  que retiraran de la agenda legislativa esta iniciativa, que prohíbe el capital extranjero en las empresas de seguridad privada, porque considera que ahuyenta la inversión externa.

 

¿Qué dice el Gobierno?

 

“Nosotros seguimos insistiendo en que este proyecto afecta la inversión extranjera directa, lo que queremos es que se permita y se siga trabajando en ese ejercicio, los representantes nos han oído,  esperamos llegar a un consenso”, dijo la ministra de Comercio, María Claudia Lacouture. 

 

A su turno, el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, reiteró que  esta iniciativa entorpece la libre competencia, “esta iniciativa sólo favorecería a un grupo de empresas y a una persona: Jorge Moreno Ojeda. Sólo esa persona tiene interés en desviar las investigaciones”.

 

La iniciativa "afecta directamente la inversión extranjera" en el tema de seguridad y vigilancia, que "siempre se ha caracterizado por la participación de actores extranjeros que lo han fortalecido y han promovido la libre competencia", explicó el Ministerio de Defensa en un comunicado.

 

En ese sentido destacó que el proyecto provocaría un retroceso en la política pública de protección a la libre competencia económica y generaría un trato discriminatorio al excluir a las empresas extranjeras de ese sector.

 

En la actualidad hay cuatro empresas extranjeras de seguridad privada legalmente establecidas en Colombia y de ser aprobado el proyecto de ley tendrían que dejar sus operaciones en el país.

 

Eso debido a que el texto presentado al Congreso "incluye la disposición de suspender las renovaciones de los permisos de funcionamiento en todas las modalidades a las empresas de otros países que ya se encuentran instaladas en Colombia", según el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

 

Las empresas que operan en Colombia y que serían afectadas por la iniciativa son la española Prosegur, la sueca Securitas, la británica G4S y la estadounidense Brinks.

 

Empresas de seguridad

 

Según datos de la Federación Colombiana de Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada (FedeSeguridad) citada por Lacouture, el año pasado tres de estas empresas, Securitas, Prosegur y G4S, invirtieron en el país 412.000 millones de pesos (unos 135 millones de dólares) y pagaron impuestos por más de 44.000 millones de pesos (unos 14,5 millones de dólares).

 

"Si a esto se suma los 25.300 empleos que generan las tres empresas extranjeras referidas, es evidente la contribución que hace el sector al crecimiento económico del país", agregó. 

 

¿Se llegaría a un consenso?

 

Tras  una reunión en la que participaron el superintendente Robledo y la ministra Lacouture el pasado 1º de junio, se acordó que se retirarán del proyecto los artículos que preocupaban al Gobierno; las disposiciones referentes a los límites a la inversión extranjera, a la imposibilidad de Colombia Compra Eficiente de involucrar servicios de vigilancia privada en su portafolio y el mico con el que se archivarían los procesos que lleva la Superintendencia sobre el presunto cartel de la seguridad privada, serían retiradas a partir de proposiciones.

 

Hoy fue convocada la Comisión Segunda de Cámara para discutir esta iniciativa que hará tránsito a la plenaria de la Corporación, donde deberá ser aprobada antes del 20 de junio. 

 

Piden salvar proyecto 

 

Asoguardas, el gremio de la seguridad privada en el país, les hizo un llamado al Gobierno y a los parlamentarios  para que reconsideren la iniciativa, que permitiría a  los guardas de seguridad tener seguro de vida, mejoramiento de condiciones sanitarias para la presentación del servicio, regulación de jornadas laborales de un máximo de 60 horas semanales, entre otras cosas.

 

Sin embargo, para el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, este proyecto cuenta con inconvenientes operativos. “Ese proyecto tuvo una buena intención al principio, hoy termina siendo una gran amenaza. Se le han introducido temas como, procedimientos, intenciones, prohibiciones, realmente lo vuelven un esperpento de la vigilancia y seguridad. Allí no solo se confunde vigilancia y seguridad, con seguridad nacional y defensa, esa confusión genera muchos inconvenientes operativos", aseguró.

 

Por otra parte, explicó que prohíbe la modernización de los métodos tecnológicos para hacer vigilancia y seguridad privada a través de la inversión extranjera, o de la inversión de Colombia en el exterior.