El consorcio encargado de la ampliación del Canal de Panamá, liderado por la constructora española Sacyr, anunció la suspensión de las obras pero al mismo tiempo dijo haber mandado una nueva propuesta de negociación a la autoridad panameña.

"A la espera de un acuerdo que funcione para la finalización de la obra, se han suspendido los trabajos en el proyecto debido a la negativa expresa de la ACP (Autoridad del Canal de Panamá) de extender el protocolo de negociación", explicó en un comunicado el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), tras presentar una nueva oferta para intentar solucionar el conflicto.

"GUPC continúa sus esfuerzos para encontrar una solución y llegar a un acuerdo con ACP y ha entregado una nueva propuesta que recoge las inquietudes de la ACP al tiempo que proporciona los fondos necesarios para terminar la obra del Tercer Juego de Esclusas", precisó.

Junto a Sacyr, participan en el consorcio la empresa italiana Impreglio, la belga Jan de Nul y la panameña Constructora Urbana. El consorcio reclama a las autoridades de Panamá los sobrecostes imprevistos en el proyecto a raíz de presuntas deficiencias en los informes geológicos proporcionados por la ACP.

"Durante las ultimas semanas se habían ido reduciendo los trabajos y ahora ya nos hemos visto en le necesidad de suspenderlos", reconoció una portavoz de Sacyr.

La obra de construcción de un tercer juego de esclusas que debe permitir el paso de buques muchos mayores, cuyo avance es del 70%, acumula un retraso de nueve meses y no podrá ser inaugurada este año, como estaba previsto.

La nueva fecha prevista es 2015, pero los constructores consideran, según las estimaciones de la aseguradora Zurich, que la conclusión del proyecto se retrasaría entre tres y cinco años si no hay acuerdo.

Por otra parte una fuente del Departamento de Comercio aseguró este miércoles que Estados Unidos comparte con Panamá el "deseo de completar ese proyecto".

Consecuencias económicas

El conflicto estalló el 30 de diciembre cuando GUPC amenazó con suspender los trabajos si no le pagaban los sobrecostos, amenaza que postergó en varias ocasiones.

El consorcio exige un 50% más del contrato inicial fijado en 3.200 millones de dólares por el diseño y construcción de las nuevas esclusas del proyecto de ampliación, el principal contrato de la obra

El miércoles, el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, fustigó al consorcio, y llamó a los panameños a "cerrar filas" en defensa de la autoridad del canal.

"Yo creo que es una irresponsabilidad de GUP hacer esto. No sé que se han creído estos señores, firman un contrato, hacen una licitación y después no cumplen. Es inaudito", declaró Martinelli a los periodistas.

La crisis podría tener importantes consecuencias para la economía panameña porque compromete el futuro laboral de miles de obreros y podría disparar el costo y duración de las obras.

"El futuro de los trabajadores y lo que está ocurriendo con las obras es de total incertidumbre. Aquí hay una crisis que no sabemos por dónde va a reventar", dijo a la AFP Saúl Méndez, el secretario general del Suntracs, el poderoso y beligerante sindicato de la construcción de Panamá.

El Canal aporta a Panamá unos 960 millones de dólares anuales, cerca del 10% de los ingresos fiscales totales. Se estimaba que los ingresos adicionales por la ampliación ascenderían el primer año a 300 millones, a 400 millones en el segundo y a 2.000 millones de dólares en el tercero.

Inaugurado en 1914 por Estados Unidos y devuelto a Panamá en 1999, el canal panameño, por donde pasa el 5% del comercio mundial, tiene como principales clientes a Estados Unidos y China.