La justicia administrativa egipcia ordenó la anulación de las elecciones legislativas previstas a partir del 22 de abril, que la oposición decidió boicotear.

El tribunal administrativo de El Cairo anuló el decreto firmado por el presidente Mohamed Mursi que llamaba a elecciones a partir de esa fecha.

El tribunal administrativo decidió también remitir la ley electoral a la Alta Corte Constitucional, para que la examine.

El Frente de Salvación Nacional (FSN), una coalición de partidos liberales y de izquierda que se oponen a Mursi, había anunciado que boicotearía estas elecciones, por tener dudas sobre su transparencia.