Superintendencia pone ojo a cementeras | El Nuevo Siglo
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Sábado, 14 de Octubre de 2017
Redacción Economía
Las empresas acordaron fijar precios entre 2010 y 2013. Tres cementeras serían sancionadas por la Superindustria por ir en contra de la libre competencia. El precio de producto se elevó hasta en 30%, señala el informe

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Fueron cuatro años de investigaciones y averiguaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio para que se hiciera el anunció de posibles sanciones contra el llamado cartel del cemento.

El titular del despacho, Pablo Felipe Robledo, dijo que conoció el informe del delegado para la Protección de la Competencia, donde pide sancionar a Holcim, Cementos Argos y Cemex por cartelización empresarial del cemento.

Según el informe, estas empresas se pusieron de acuerdo para fijar los precios de este producto, lo que provocó un alza del 30% en el valor del cemento.

Así las cosas, las tres empresas podrían pagar multas que superarían los 140 mil millones de pesos, a cada empresa.

 

Motivos

Para la Superindustria, estas tres empresas se pusieron de acuerdo para cometer las conductas de:

1. fijación de precios del cemento entre el año 2010 y 2013 provocando un alza de hasta un 30% en el valor del concreto, y

2. La repartición del mercado por medio de la cual se establecieron zonas exclusivas para la comercialización del mismo.

Si el superintendente Pablo Felipe Robledo acepta las recomendaciones del delegado, las multas a Argos, Holcim y Cemex podrían llegar hasta los 70 mil millones de pesos por cada conducta, es decir que cada empresa podría pagar 140 mil millones de pesos.

Además, en el informe se recomienda dar traslado a la Fiscalía General de la Nación por los delitos de fraude procesal y falso testimonio de dos ejecutivas de la empresa Argos.

Esto debido a que durante la investigación se evidenció que hubo manipulación de la información de precios entregada por la cementera buscando confundir a la Entidad y en las declaraciones dijeron mentiras sobre su participación en este cartel.

Entre tanto, en el informe se recomienda absolver a las empresas Cementos Tequendama y Cementos San Marcos por no encontrar pruebas que demostraran su participación en el presunto cartel del cemento.

Si Robledo acepta las recomendaciones del informe mencionado, las multas serían hasta de $140.000 millones. Además, el documento también sugiere dar traslado de la investigación a la Fiscalía por dos delitos: fraude procesal y falso testimonio.

A partir de ahora, las empresas tienen 20 días para pronunciarse, luego de eso el Consejo Asesor de Competencia se reunirá y expedirá también recomendaciones al Superintendente, para que este tome la decisión final del caso.

 

Informe motivado

El superintendente Robledo señaló que el investigador Jorge Sánchez le expresó que “yo creo que hay un cartel, le recomiendo sancionar o absolver”.

Sostuvo que el documento conocido ayer por su despacho no es sancionatorio sino recomendaciones para actuar de acuerdo con los criterios que se tienen en la SIC para casos de este tipo.

Para el Superintendente delegado hay un cartel del cemento, conformado por tres empresas, dijo. Argos, Holcim y Cemex y también en la investigación se establece que nada tuvieron que ver con la cartelización las empresas cementos San Marcos y Tequendama, las que según el informe fueron absueltas de toda responsabilidad.

Robledo dijo que el documento preparado por el Delegado fue enviado a las empresas involucradas en el proceso de cartelización y tienen un plazo de 20 días para hacer descargos, luego es analizado por el Consejo de Competencia, y ahí el Superintendente toma la decisión de sancionar o no.

 

Denuncias

Esta investigación sale por denuncias de la gente sobre los precios, dijo Robledo, y señaló que hubo muchas quejas sobre el aumento del precio del cemento.

El informe motivado tiene 400 páginas y será estudiado a profundidad, para llevarlo al consejo asesor y tomaremos la decisión correcta.

Para estas compañías, las multas no son altas pero por el camino dejaron muchos damnificados que nunca van a ser retribuidos, dijo el titular de la SIC.

Independientemente de la cartelización empresarial, siempre deja víctimas que casi siempre son los ciudadanos más pobres, pero también los empresarios que compran la materia prima, por eso es que la Superindustria investiga con una gran capacidad técnica a fin de recolectar todas las pruebas y hacer un completo análisis.

El sector cementero ha sido blanco de varias investigaciones, ya en anteriores gobierno han sido sancionados, lo mismo que en otros países, lo que demuestra es que en el mercado del cemento hay antecedentes de cartelización, pero ahora debo estudiar el informe con seriedad y decidir si las sancionamos o no.

En razón de compulsar copias a la Fiscalía no puedo decir nada, pero ya empezó a correr los 20 días y luego convocamos al consejo de competencias, con ellos discutiremos el caso, con un antecedente importante que nunca me he apartado de las recomendaciones del consejo asesor de competencia. Ya se agotó una etapa del proceso y ahora me toca a mí tomar la decisión que corresponda.

 

Guerra a carteles

El del cemento no es el primer cartel que desarticula la SIC. Ya lo había hecho con el de los cuadernos, pañales, papel higiénico, azúcar tuberías, subastas ganaderas, vigilancia privada y los refrigerios escolares, entre otros.

Robledo recomendó a los empresarios a los empresarios la importancia de la ética empresarial a la hora de establecer sus políticas comerciales, las cuales deben pensar en el bienestar de los consumidores y en el buen funcionamiento de la economía nacional.

Al respecto manifestó que la cartelización empresarial, por ejemplo, es un atentado contra la ética y una traición al sistema económico y si un empresario comete este tipo de prácticas anticompetitivas entonces estará afectando el buen desempeño del mercado en general y por ende el desarrollo del país.

Para la Superindustria ha sido muy importante incursionar en estos temas, evidenciar el esfuerzo en crear una organización sostenible y mostrarle a la ciudadanía que una entidad pública sí puede hacer Responsabilidad Social más allá de sus compromisos misionales, señaló el funcionario

 

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