En solo  5 años el número de acciones que reclaman derechos relacionados con los servicios de salud se incrementó en 25,2 por ciento, advirtió ayer la Defensoría del Pueblo, reprobando que el 70 por ciento de las solicitudes de los ciudadanos está relacionado con solicitudes ya incluidas en el Plan Obligatorio de Salud (POS).

Por esta razón el organismo de control reiteró su llamado a las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) para que cumplan con su obligación, “tanto legal como moral, de garantizar de manera oportuna el aseguramiento y la prestación de los servicios contemplados en el POS, y evitar que sean los jueces de la República quienes, a través de los fallos de tutela, terminen coadministrando la salud”.

Esta cifras se desprenden de un informe preliminar de la Defensoría del Pueblo advierte del incremento sostenido en el número de tutelas en salud, que para 2014 alcanzó un total de 118.281, lo que representa el 23,7 por ciento del total de este tipo de acciones jurídicas interpuestas por los colombianos.

En tanto que en el año 2013 se registraron 115.147 acciones de tutela en materia de salud.

La Defensoría del Pueblo señaló que este panorama que se presenta en el país llama la atención en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Salud, pues los ciudadanos tienen que recurrir al mecanismo de la tutela para hacer valer su derecho fundamental a la salud está relacionado, incluso, como se dijo anteriormente, para reclamar servicios y medicamentos que están contemplados en el POS.

Bonanza

La tutela es el principal instrumento creado por la Constitución del 91 al que acuden los colombianos para buscar resarcir sus derechos fundamentales que consideran son violados por el Estado o entidades que administren recursos públicos.

En un  reciente informe la Corte Constitucional hizo un corte de cuentas a este mecanismo, encontrando que del año 2009 a la fecha, el alto Tribunal ha revisado 2.601.000 tutelas y que ha seleccionado 7.386 procesos.

En este sentido  ha proferido efectivamente 4.681 tutelas, de las cuales el 99 por ciento han sido falladas por las salas de revisión de la Corte. El restante 1 por ciento, equivalente a 60 sentencias, han sido sentencias de unificación.

La presidenta encargada de la Corte Constitucional, magistrada María Victoria Calle, explicó que el 98 por ciento de las tutelas falladas no involucran grandes intereses económicos. De las que sí trataban intereses económicos, 115 tutelas, 77 fueron negadas o declaradas improcedentes y 38 fueron concedidas.

Durante la discusión en el Congreso de la República del proyecto de ley estatutaria de la salud se dijo por algunos que la tutela quedaría sin efecto porque serían unos comités médicos los que se encargarían de resolver reclamaciones de los ciudadanos. Al final quedó claro que la tutela no pierde ninguna vigencia en esta norma que recientemente fue sancionada por el presidente Juan Manuel Santos.

Precisamente entre los puntos más importantes de la Ley Estatutaria de la Salud se destacan que se consagra la salud como un derecho fundamental, mantiene la tutela como un mecanismo al servicio de los ciudadanos, y prohíbe negar servicios a los pacientes por razones económicas.