Alejandro Ordóñez dijo que hay una "estrategia de litigio y medios de comunicación" según la cual las organizaciones feministas lideradas por la abogada Monica Roa buscan afectar su independencia.

El Procurador se declaró objeto de una persecución por parte de las ONG de mujeres que le adelantaron la acción de tutela que lo hizo rectificar sobre el aborto.  La viceprocuradora, Martha Isabel Castañeda, quien firmó el documento de rectificación sobre las posiciones de Ordóñez sobre el aborto, ordenado por la Corte Constitucional, solicitó ante la corte la nulidad del fallo de tutela.

Según Castañeda, tres de los  magistrados de la Corte Constitucional -Humberto Sierra, Ernesto Vargas y María Victoria Calle, integrantes de la Sala Octava de Revisión de Tutela- permitieron que la mencionada estrategia, a pesar de que estaban enterados de los contraargumentos de la Procuraduría.

La Procuraduría considera que no se ha violado ningún derecho fundamental, ni tampoco hay victima alguna. Según la viceprocuradora, Mónica Roa admitió públicamente en Washington, en diciembre pasado, que no había encontrado ninguna mujer que pudiera probar un daño atribuible a la Procuraduría por sus expresiones y que por eso convocó a las 1200 mujeres que dijeron que Ordóñez y dos de sus delegadas les habían violado su derecho a la información.