La posibilidad de aplicar la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) a los agentes del Estado que cometieron delitos en el conflicto armado ha sido uno de los aspectos más controversiales del acuerdo.

Fue una de las principales banderas de los opositores al acuerdo, que con éste y otros argumentos lograron que ganara la opción del No en el plebiscito del pasado 2 de octubre, que el presidente Juan Manuel Santos convocó para que los colombianos en las urnas refrendaran o no lo que fue convenido con las Farc.

Uno de los argumentos de estos sectores, que han sido encabezados por los ex presidentes Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, la exministra Marta Lucía Ramírez y el exprocurador Alejandro Ordóñez, es que no se puede equiparar a los militares con los delincuentes, por lo que han pedido una jurisdicción aparte para los agentes del Estado.

Ahora que se acercan las elecciones presidenciales este tema ha sido retomado por algunos de los precandidatos.

En este sentido la aspirante por firmas Marta Lucía Ramírez indicó que “me parece urgente modificar lo que tiene que ver con los militares, es una aberración tener militares por más de seis años en la cárcel, sin condena, mientras que la guerrilla ha tenido la oportunidad de estar fuera de la cárcel porque ya se les aplicó la amnistía”.

Por su parte, el exjefe negociador en La Habana de este acuerdo, Humberto de la Calle Lombana, dijo que  “lo importante es que terminó el conflicto,  hace dos años no hay ningún muerto en el país por cuenta de las Farc. La JEP es equilibrada, hoy hay más militares beneficiados que miembros de las Farc. Permite doblar la página, después de ocho millones de víctimas esa es la solución que más conviene”.

En tanto que el senador y precandidato del Partido Centro Democrático, Iván Duque, ha señalado que “sí se está debilitando la Fuerza Pública. Se ha tratado de especificar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la acción militar, pero no se ha mencionado la de las Farc. Está claro que la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional en el caso de los cuerpos irregulares la responsabilidad es de los cabecillas, pero al no ser mencionados en la JEP hay una trampa oculta y es que por factor de interpretación se le aplique el mismo racero que a los militares”.

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