La Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de la función preventiva contenida en el artículo 24 del Decreto 262 de 2000, le solicitó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a la Comisión de Regulación de Comunicaciones y a la Superintendencia de Industria y Comercio, informar sobre las medidas adoptadas dentro de la competencia de cada entidad, para solucionar la problemática en la calidad del servicio de telefonía móvil y poder garantizar la adecuada prestación del mismo.

Lo anterior, teniendo en cuenta las múltiples quejas presentadas por los usuarios sobre la calidad de ese servicio, conocidas a través de las noticias publicadas por los diferentes medios masivos de comunicación que, al parecer, afectan en esencia el principio de protección de los derechos de los usuarios establecido en el numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1341 de 2009.

Al respecto, dicha ley dispuso que “…para tal efecto, los proveedores y/u operadores directos deberán prestar sus servicios a precios de mercado y utilidad razonable, en los niveles de calidad establecidos en los títulos habilitantes o, en su defecto, dentro de los rangos que certifiquen las entidades competentes e idóneas en la materia y con información clara, transparente, necesaria, veraz y anterior, simultánea y de todas maneras oportuna para que los usuarios tomen sus decisiones”.

El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, continuará atenta a cualquier respuesta o acción tendiente a mejorar la calidad del servicio de telefonía móvil en Colombia.