Al término de una Actuación Especial adelantada por la Contraloría General de la República se determinó que, luego de un año de administración del Fondo de Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado FRISCO, por parte de la Sociedad de Activos Especiales SAE, sólo se conoce el 26% de los bienes inmuebles con medida cautelar o extinguidos.

Esta indefinición genera excesivos costo de mantenimiento, pues en muchos casos los depositarios no rinden cuentas ni la entidad evalúa las que son sometidas a su consideración.

De otra parte, para el Estado continúa representando un alto costo el sostenimiento y mantenimiento de los bienes improductivos u obsoletos incautados y extinguidos, sobre los cuales no se toman medidas de administración definitivas.

La Contraloría auditó la entrega de inventarios de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes DNE a su nueva administradora (la SAE) y estableció que no se ha logrado un levantamiento final de inventarios.