Por considerar que se desconocen elementos estructurales de la Constitución en materia de carrera administrativa, como el principio del mérito y el derecho a la igualdad, el procurador Ordóñez solicitó a la Corte Constitucional que declare inexequible el Acto Legislativo.

La norma que fue demandada por inconstitucionalidad tiene el propósito de homologar las pruebas de conocimiento propias del concurso de méritos por la experiencia y los estudios adicionales a los requeridos para el cargo correspondiente, en virtud de esta homologación, las personas que logren acreditar experiencia o estudios adicionales, pueden evitar realizar la prueba de conocimiento.

El jefe del Ministerio Público Alejandro Ordóñez recordó que el concurso público de méritos es el mecanismo establecido por el artículo 125 Superior para acceder al ejercicio de la función pública y por tanto el ingreso a dicha carrera como el ascenso dentro de ella deben hacerse previo concurso público de méritos, conforme a los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar de manera objetiva los méritos y calidades de los aspirantes.

Advirtió que el pretender equiparar la experiencia o la formación adicional a haber presentado y aprobado las pruebas de conocimiento, tiene dos notables distorsiones constitucionales.

"Si pretender homologar la experiencia o la formación adicional con aprobar pruebas de conocimiento vulnera el principio del mérito, el pretender homologar la experiencia o la formación adicional de sólo algunas personas y no de todas, vulnera el derecho a la igualdad”, puntualizó el procurador.