“Si el drama del reclutamiento de niños no se visibiliza, la sociedad colombiana va a permanecer silenciosa y cómplice”, declaró ayer el procurador Alejandro Ordóñez al presidir una reunión con delegados de organismos internacionales a quienes expuso las preocupaciones del Ministerio Público sobre la protección de los derechos de niños en el contexto del conflicto armado interno.

El jefe de este organismo de control se refirió, entre otros, a la gestión de la entidad frente a la garantía de los derechos de la infancia y la adolescencia, y al decálogo de recomendaciones para la protección de los derechos de niños en el contexto del conflicto armado, formulado recientemente al presidente Juan Manuel Santos, con el fin de priorizar la evaluación de las políticas públicas y las estrategias para enfrentar la utilización, el reclutamiento ilícito y la violencia sexual de las que han sido víctimas los niños por parte de grupos organizados al margen de la ley.

La procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Ilva Myriam Hoyos, expuso a su turno las razones del Ministerio Público para buscar estrategias conjuntas orientadas a la satisfacción de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición, a los niños que han sido reclutados y son víctimas de los grupos al margen de la ley en el marco del conflicto armado. Entre otros aspectos, señaló que los programas, mecanismos y acciones de la Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento y de la violencia sexual contra niños por grupos organizados al margen de la ley y por grupos delictivos, no han sido suficientes -en concepto de la Procuraduría- para frenar la situación de reclutamiento de los niños.

Anunció que este organismo de control realizará, en el primer semestre del 2014, un proceso de rendición de cuentas nacional y territorial, en el que se priorizará la evaluación de las políticas públicas y estrategias para enfrentar la problemática de la violación de los derechos  de los niños y niñas por parte de actores del conflicto.

Tood Howland, representante para Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló que una de las causas más frecuentes para investigaciones por violaciones o crímenes internacionales es el reclutamiento de niños, y que así como hay un gran interés del Estado y de la sociedad colombiana por una desmovilización completa de los infantes que están en los grupos al margen de la ley, también hay un gran interés de quienes lideran estos grupos para evitar la responsabilidad en razón de sus crímenes. Aseguró que el Estado debe prever un plan muy completo y ambicioso para dar un espacio adecuado en la sociedad a los niños y adolescentes que regresarán del conflicto y evitar el resurgimiento de la criminalidad.

La representante de Unicef, Viviana Limpias, se refirió a la importancia de fortalecer a los gobiernos territoriales para que puedan implementar las estrategias de prevención y protección de manera efectiva, y aseguró que la rendición de cuentas que lidera este organismo de control es una excelente plataforma de seguimiento a las políticas públicas en favor de la infancia.

El asesor de la Organización de Estados Iberoamericanos, Álvaro Mancera, señaló que en varios departamentos hay una “incapacidad declarada” de los responsables de la atención a las minorías y a la población más vulnerable, que hay competencias sin aceptación y que no necesariamente se trata, como suele argumentarse, de falta de recursos, sino de la ausencia de “buen gobierno” y de debilidades en los procesos de planeación, entre otros factores. Se refirió además a la complejidad del fenómeno social en algunas regiones, donde las familias actúan en muchos casos como propiciadoras para que sus hijos menores de edad se vinculen a las actividades de los grupos al margen de la ley.

La coordinadora del programa ONU Mujeres, Belén Sanz, aseguró que hay muy poca conciencia sobre el sufrimiento que los conflictos causan en las niñas, quienes suelen ser víctimas de abusos, esclavitud sexual y abortos forzados, entre otras graves violaciones a sus derechos, y que muy pocas veces son denunciados. En este sentido señaló que Colombia debe tener en cuenta esta realidad para prever acciones concretas de protección integral y de restitución de derechos de las niñas en los procesos que se adelanten para buscar el fin del conflicto.