Los sobornos que la multinacional Odebrecht pagó en Colombia ya rondan los US$30 millones, señaló el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, al hacer un corte de cuentas en su informe anual.

Según el jefe de la Fiscalía, estos dineros están asociados a seis contratos ya rastreados, de los cuales en cuatro contratos -dice-  hay plena prueba de corrupción a través de coimas. 

Con este anuncio, el Fiscal explicó que las investigaciones entraron en la fase final de recopilación de pruebas y por ello una comisión especial de funcionarios está en Brasil recogiendo pruebas documentales y testimoniales de parte de los protagonistas de este "descalabro moral".

Martínez confirmó además que se adelantan nuevos principios de oportunidad para acopiar más información que permita develar a dónde llegaron los US$4,5 millones que iban dirigidos al señor Otto Bula. En este sentido, el Fiscal confirma que aunque el exsenador es testigo clave de estas investigaciones y ha señalado que no recibió la totalidad de ese dinero, la tesis de fondo de la Fiscalía sigue estando alrededor de estos pagos.

De otra parte, la Fiscalía General de la Nación logró un ahorro de $12.000 millones anuales al no realizar ningún contrato por prestación de servicios. Así lo señaló el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, al presentar su informe de gestión de un año.

Según Martínez, “en el último año, la Fiscalía logró avanzar en muchos frentes. Hoy es una Entidad más organizada, con mayor unidad de gestión, más concentrada en lo misional, mejor articulada con las demás autoridades, más focalizada en el territorio, en la que la capacidad de priorizar ciertos fenómenos criminales –como la corrupción y la violencia– ha dado frutos claros y sostenidos, a la que las víctimas pueden acceder más fácilmente, y que además está comprometida con el éxito de la paz y el posconflicto”.

Señala el Fiscal que los avances más significativos es que se logró realizar una reestructuración para el posconflicto. A través del Decreto-Ley 898 de 2017 la Fiscalía ajustó su estructura institucional a las necesidades del posconflicto. Además de crear la Unidad Especial de Investigación y Persecución de Bandas Criminales establecida en el Acuerdo de Paz, la reestructuración establece una Fiscalía de manejo más directo y unificado, lo que a su turno permite una mayor agilidad, flexibilidad y potencia en la respuesta del aparato de investigación y judicialización penal”.

Indica el Fiscal que “la Fiscalía ahora tiene un área misional que depende de tres Delegadas (Seguridad Ciudadana, Crimen Organizado y Finanzas Criminales) que tienen una jerarquía clara de acuerdo con sus especialidades. Ello permitirá acciones más eficaces y coordinadas para contrarrestar la reconfiguración de la criminalidad organizada actual, fruto de un fortalecimiento del narcotráfico y de las disputas por espacios dejados por la guerrilla de las Farc-EP”.

Frente al fortalecimiento territorial, se estableció la presencia de la Fiscalía en el territorio. Buena parte de la criminalidad grave, incluyendo por ejemplo las agresiones en contra de líderes sociales, suceden en el territorio y deben ser investigados en él desde el primer momento. Este año se cumplió la primera fase del objetivo de robustecimiento de la presencia en 500 municipios, a partir del fortalecimiento de la Fiscalía en 150 de ellos. También se creó una Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis en las direcciones seccionales, así como unos grupos itinerantes de apoyo a investigaciones priorizadas en las regiones (como agresiones a líderes sociales)”.

Indica el informe que mediante “la reorganización de las direcciones seccionales a partir del nuevo procedimiento abreviado permitirá una división del trabajo más inteligente, y que los recursos estén mejor focalizados en los procesos más graves. Esto es el comienzo de una transformación en la manera como la Fiscalía hará frente a la delincuencia: a partir de procesos prestablecidos, la Entidad logrará aplicar rutas diferenciales a casos y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”.

Asimismo señala que se ha mejorado para combatir la sucesión de delitos priorizados, como el homicidio doloso, corrupción, violencia sexual, y violencia intrafamiliar.

Señalan que “por ejemplo la tasa de imputación para homicidio doloso pasó de 14.9% en 2012 a 24.3% en 2017. La tasa de imputación para delitos sexuales pasó de 17.5% a 21,7%. Y para violencia intrafamiliar, pasó de 6.5% a 17% en el mismo periodo. Nunca antes la justicia penal había tenido el desempeño que tiene hoy para delitos priorizados. Todavía falta mucho para estar satisfechos, pues los resultados siguen siendo insuficientes. Pero la mejoría en el desempeño de estos delitos no puede desconocerse”.

“Con el Plan ‘Bolsillos de Cristal: Tolerancia cero con la Corrupción’ conseguimos judicializar la corrupción que afecta las regiones y municipios, dando resultados contundentes en casos que por años llevaban en investigación sin llegar a ningún término. Por último, y no menos importante, la Fiscalía inició una purga interna y externa en la administración de justicia, exhibiendo y judicializando inaceptables casos de corrupción cometidos por jueces y magistrados, así como por nuestros propios fiscales y funcionarios sin precedentes”.

El Fiscal anunció, asimismo, que “una de las obligaciones de la Fiscalía es facilitar el acceso a la justicia de las víctimas de delitos. De forma esencial para lograr este fin construimos, en asocio con la Policía Nacional, un aplicativo de recepción de denuncias en línea para los delitos de hurtos, delitos informáticos, o extorsión, entre otros. Cualquier víctima de estos delitos en el territorio nacional puede ahora denunciar de forma virtual, sin tener que acudir físicamente a la Policía o la Fiscalía. Además, las víctimas pueden anexar fotografías, videos o documentos que pueden eventualmente constituir pruebas que guían las investigaciones y permitan la judicialización de los responsables”.

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