Los 1.113 paraderos de buses del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), el registro de automotores y conductores y las fases I y II de Transmilenio no son casos aislados porque se repite el común denominador donde las arcas de la ciudad se ven afectadas negativamente por varios años denunció el concejal verde Carlos Vicente de Roux.
“Las prórrogas de contratos leoninos que están haciendo carrera en esta administración siguen un mismo formato, muy inconveniente para la ciudad”, advirtió De Roux, quien denunció en compañía de Petro y el senador Luis Carlos Avellaneda el carrusel de la contratación en Bogotá.
Ahora deja entrever que el carrusel volvió en esta Administración.
“La práctica de prorrogar megacontratos desequilibrados para la ciudad en vez de aprovechar su vencimiento para sacarlos a licitación y poner a competir a muchos oferentes en provecho de la ciudad fue criticada en el informe sobre el carrusel. Sin embargo, ha hecho carrera en el actual gobierno”, manifestó.
Para sustentar la denuncia, el concejal recordó que el 4 de marzo Petro se subió en el techo de una camioneta y le dio la cara a la multitud que protestaba por el mal servicio de Transmilenio en el Portal de Suba. Allí, rememoró, “le pidió apoyo a la gente para modificar los contratos con las empresas operadoras. A nosotros, señaló, no nos conviene tener los contratos firmados hace 10 años. Sin embargo, él mismo había autorizado ocho meses atrás una prórroga de tres años muy favorable para las empresas. Y tres meses más adelante, en junio, intentaría nombrar como gerente de Transmilenio S.A. al presidente del gremio de los grandes transportadores, amigo cercano del abogado de las operadoras en la negociación de la prórroga”.
Frente a los paraderos, en febrero de 2013 venció el contrato de 2001 en que la Defensoría del Espacio Público entregó en concesión a la firma Eucol la instalación y explotación. La Administración lo prolongó, sin sacarlo a licitación. “Durante 12 años, los elegantes paraderos que instaló esa firma no le prestaron ningún servicio a la movilidad, porque los buses no recogían ni dejaban pasajeros allí. Definitivamente, tener el contrato de paraderos es como ganarse varios Sorteos Extraordinarios de Navidad al año, año tras año”.
En cuanto a la concesión del registro de automotores y conductores fue desde sus orígenes, en 1997, muy leonina para la ciudad. “El 11 por ciento de lo que pagaban los ciudadanos se transfería al Distrito. En 2007 la licitación se la ganó el consorcio SIM, cuyos socios eran casi los mismos que los de la concesionaria inicial. En el nuevo contrato la participación de la ciudad subió al 50 por ciento de los recaudos, pero eso no significa que sea equilibrada. La prórroga va hasta febrero de 2022. El concesionario tendrá que adecuar la bodega donde se almacenan los documentos y construir otra, a un supuesto costo, no avalado por estudios y diseños, de 28.500 millones de pesos, que equivale a sumar el de un hospital de tercer nivel y un megacolegio. Pero estas obligaciones adicionales del contratista sólo representarán un 2,8 por ciento de sus ingresos -descontados los del Distrito- en los 6 años de la prórroga”.
Referente a la renegociación de Transmilenio, los operadores de la fase I aceptaron una disminución de su remuneración del 13,2 por ciento y los de la fase II una del 10,5 por ciento. “El alcalde Petro ha sacado pecho diciendo que eso representará una rebaja de más de 70.000 millones en las utilidades de las empresas. En eso coincide con los funcionarios que han tramitado las prórrogas de Eucol, el SIM y el propio Transmilenio, que se concentraron en conseguir algunas mejoras a los contratos iniciales y las han esgrimido para justificarse, sin que eso alcance a ocultar que lo conseguido es poco frente al resultado previsible de una competencia entre licitantes”.