Ya casi se cumple un año de que fue expresada la necesidad de un órgano rector del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), cuyo vacío sería el principal motivo para las deficiencias que muestra. Sin embargo hasta la fecha, el Ministerio del Interior y el de Justicia, carteras que fueron propuestas para asumir esta responsabilidad, no se han pronunciado.
En febrero del año pasado, la Comisión de Seguimiento a la aplicación del SRPA, que fue creada por la Ley de Seguridad Ciudadana, integrada por organismos como el Ministerio del Interior, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Procuraduría, la Fiscalía, la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo y varias ONG, presentó un informe en el que detalló las 10 principales falencias que tiene este Sistema, que fue creado desde el año 2006 para los adolescentes que se ven implicados en la comisión de delitos.
En dicho informe la principal conclusión a la que llegó esta Comisión es que la principal falencia que presenta el SPRA es la falta de un ente rector.
En este asunto coincidió en esa oportunidad Margarita Barraquer, secretaria Ejecutiva de la Alianza por la Niñez, que hace parte de la citada Comisión: “El primer punto crítico es la ausencia del ente rector. Desde la aprobación de la Ley 1098 de 2006 se advirtieron problemas de articulación del Sistema, dado que no se definió la institución que debía encargarse de convocar, coordinar y articular todas las acciones”.
Inicialmente la mayoría de miembros de la Comisión propusieron que la organización del Sistema estuviera en cabeza del Ministerio del Interior, al considerar que su visión y misión garantizan prioridad integral del Sistema desde de la perspectiva de los derechos humanos y con amplia capacidad para coordinar las instancias regionales y locales.
Sin embargo, al final dicha Comisión acogió la propuesta de la Procuraduría General de que la rectoría del SRPA estuviera a cargo del Ministerio de Justicia, toda vez que se trata de un sistema de justicia y que la estructura orgánica de este ente contempla la definición de la política criminal y penitenciaria.
En diciembre pasado el Ministerio Público presentó un informe de vigilancia superior al SRPA, en el que pone de presente que hay fallas en los establecimientos donde son recluidos los menores infractores, igualmente no “se garantiza ni un proceso pedagógico orientado a la rehabilitación y la reintegración social del adolescente, como tampoco la remoción de las causas que dieron origen al comportamiento delictivo de los infractores ni a la continuación del proyecto de vida”, señaló la procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Ilva María Hoyos.
No ha pasado nada
Los representantes Ángela Robledo (Partido Verde) y Germán Navas (Polo) promovieron en la Cámara de Representantes una audiencia pública en la cual en febrero de 2012 la Comisión de Seguimiento a la aplicación del SRPA dio a conocer el respectivo informe y propuso que el Ministerio de Justicia asumiera la responsabilidad de ser el órgano rector.
En ese sentido Robledo recordó que en dicha audiencia hicieron presencia el director del ICBF, Diego Molano; el entonces viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa (del Ministerio de Justicia) Jorge Fernando Perdomo. “De viva voz, ellos señalaron que la decisión se estaba estudiando y que había apertura, y allí quedó claro que podría tener la competencia más pertinente y más clara, y las mejores condiciones para desarrollar el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, en todo conjunto como sistema, era el Ministerio de Justicia”.
No obstante, la Parlamentaria dijo que al respecto no ha pasado nada, “el año pasado, yo diría que el Ministerio de Justicia estuvo totalmente dedicado a la fallida reforma a la Justicia, y cuando llegó la doctora Ruth Stella (Correa), en algún momento yo le escribí una comunicación para recordarle sobre la tarea. Y ella me respondió diciéndome que la estaban estudiando. De manera que esto lleva ya casi un año y medio”.
Robledo dijo que con su equipo legislativo ha tenido la oportunidad de visitar en Cali, Bucaramanga y Bogotá, tres centros a donde son llevados los menores infractores, “y las verdad es que la inquietud continúa, el sistema como tal no opera en materia de resocialización de los muchachos que llegan allí, y en muchos casos, dado que no hay una institucionalidad adecuada, también puede haber impunidad”.