La consulta previa que tiene que hacer el Gobierno con los indígenas sobre varios proyectos de ley y de reforma constitucional atinentes a la implementación de los acuerdos, ha sido motivo de polémica porque en algunos casos no se ha hecho, como sucedió con la reglamentación de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), o no ha llenado las expectativas de esta población ancestral.

Sobre el particular el legislador Luis Evelis Andrade Casama, uno de los dos parlamentarios indígenas que tienen asiento en el Senado de la República, le dijo a EL NUEVO SIGLO que “en lo que tiene que ver con las circunscripciones especiales para la paz no hubo la consulta tal como se esperaba, se cerró de manera inadecuada. Entiendo que los compañeros indígenas van a recurrir a los instrumentos que desde el punto de vista jurídico consideren pertinentes”.

Añadió Andrade Casama que “se avanzó en lo que tiene que ver con el catastro multipropósito, el tema de tierras con el Ministro de Agricultura. Hay otros proyectos en los cuales  se espera que haya la consulta”.

Por ello, el Parlamentario dijo que es necesario aclarar con el Gobierno “si hay voluntad de consultar otros toda vez que sea necesario porque lo que dijeron es que hasta ahora no tenían previsto consultar más proyectos de ley referido a todo el tema de la paz en el marco del fast track. Esperamos que ese diálogo pueda dejar despejadas muchas situaciones, que haya la voluntad política para concertar lo que todavía falta en las normas que se han radicado. Que se revise si es necesario concertar otras leyes o consultarlas de aquí en adelante en el marco del fast track, que el Gobierno tenga también la voluntad de hacerlo, lo mismo que las organizaciones toda la disposición para que pueda avanzar y se consoliden estos procesos”. 

Reglamentación de JEP

El pasado 1° de agosto el Gobierno nacional radicó el proyecto de ley estatutaria de la JEP, sin que previamente lograra en la Mesa Permanente de Concertación un acuerdo con los pueblos indígenas acerca de la consulta previa.

Ello motivó el rechazo de los indígenas, como se vio en la asamblea de la Macro Autónoma de la Orinoquía, en la cual produjeron un pronunciamiento en ese sentido las autoridades de los pueblos Sikuani, Macaguan, Piapoco, Wamone, Yamalero, Maiben, Saliba, U'wa, Amorua, Hitnu, Inga, Betoy, Curripaco, Puinave, Piratapuyo, Mapayerri, Tsiripu, Jiw, Achagua, Cubeo, Piaroa.

“Rechazamos la radicación en el Congreso de la República del Proyecto de ley estatutaria sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, donde incumpliendo los acuerdos con las organizaciones indígenas realizados en el seno de la Mesa Permanente de Concertación se radica ante el Congreso de la República un proyecto de ley que afecta directamente a los pueblos indígenas sin concluir la consulta con los mismos”, indicaron estos pueblos en una declaración conjunta.

Agregaron que dicho proyecto desconoce la Jurisdicción Especial Indígena, reconocida en el Artículo 246 de la Constitución Política, e impone sin consulta con las comunidades una jurisdicción especial para la paz que no respeta los derechos de la comunidad indígena.

“El concepto de paz desde nuestra cosmogonía ancestral es equivalente a armonía y equilibrio entre los pueblos y la naturaleza, bienestar integral y va en contravía de los intereses capitalistas”, indican.

Agregaron los pueblos de la Orinoquia que “en uso de nuestra autonomía como pueblos ancestrales exigimos, la consulta y la participación en la elaboración de los proyectos que nos afecten”.

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