Aunque ya hay algunas dudas aclaradas, aún existen muchas preguntas sobre la Ley Estatutaria en Salud, recientemente declarada exequible por la Corte Constitucional, consideró Olga Lucía Zuluaga, presidenta de la Asociación Colombiana de Hospitales Públicos y Empresas Sociales del Estado (Acesi), al anunciar que al finalizar la semana, durante la XII versión del Congreso Nacional del gremio se hará un análisis pormenorizado de la norma.

Tomando como base el comunicado de la alta Corte, y aún sin conocerse el texto del fallo definitivo, es fundamental saber si el actual sistema de salud garantiza el goce efectivo del derecho en los términos que plantea la exequibilidad condicionada, de la Ley Estatutaria de Salud que aprobó el Congreso, explicó Zuluaga, anotando que también se requiere establecer si será sostenible el sistema con el actual modelo de atención de salud propuesto en la Ley, así como hacer un balance de hasta dónde se requieren leyes adicionales para desarrollar la misma, estudiar si aumentaría la cartera que hoy arrastra la red hospitalaria dentro del marco de la Ley Estatutaria y hacer un balance de qué ganará el usuario con la implementación de la medida legal.

Zuluaga dijo que llegó el momento de adelantar un análisis objetivo, después de tener claro, que en este segundo mandato, el presidente Juan Manuel Santos no tiene intenciones de presentar una nueva propuesta de Ley ordinaria al legislativo, tras el fracaso del proyecto en la pasada legislatura.

“Durante el congreso adelantaremos un panel en el que participarán personajes de alto nivel como el presidente de la Asociación Colombiana de Economía en Salud, Jairo Humberto Restrepo; la directora ejecutiva de Gestarsalud, Elisa Carolina Torrenegra; el representante de los Pacientes de Alto Costo de la Nueva EPS, Néstor Álvarez; y el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, como representante  del Gobierno nacional”, sostuvo.

En el tintero

Como trasfondo, está la situación crítica de buena parte de los centros asistenciales.

Hace apenas un mes largo, tras un exhaustivo análisis realizado por Acesi en reunión con la Federación Nacional de Departamentos y la Federación Colombiana de Municipios, se cuestionó la forma como el Gobierno nacional ha propuesto enfrentar el problema de mejoramiento en el desempeño de los hospitales públicos del país, al calificar la propuesta de la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público como inapropiada, en tanto que como solución, se obliga a los hospitales a aplicar reglas de ajuste fiscal, que se cuestionan en su finalidad, metodología y resultados esperados, con las que se buscar conseguir “una solvencia financiera que conduce a provocar una insolvencia social de los hospitales públicos colombianos.”

En el documento que resultó, se calificó como muy preocupante que el Gobierno nacional considere que ante la crítica situación de los hospitales públicos la solución se reduzca a planes de saneamiento fiscal y financiero, como si la única causa se pudiese endilgar a una generalización, que advierten inapropiada, de una deficiente gestión de los hospitales y que desconocen el contexto de responsabilidad de otros actores del sistema en el ineficiente flujo de recursos que a diario les pone en riesgo de supervivencia, para terminar amenazando la red pública de hospitales con su  fusión, liquidación o intervención.

Este panorama de ajuste, aparece como si su solvencia financiera dependiera únicamente de su propia capacidad de cobro, sin considerar que la voluminosa deuda y las limitaciones de recaudo efectivo, dependen de manera importante tanto de las EPS como de las entidades que como la Superintendencia de Salud, son las encargadas de hacer cumplir la reglamentación vigente en materia de pagos a la red de hospitales; para las entidades territoriales es inapropiado poner en marcha este tipo de solución basada únicamente en el ajuste fiscal y consideran su aplicación socialmente incorrecta, desde una perspectiva  de garantía de acceso a servicios de salud la salud de la población.

Peligros

Para las tres entidades, la amenaza es gran magnitud: son 540 hospitales públicos que han sido puestos en esta amenaza de liquidación.

Al menos la mitad de estos hospitales tienen un recaudo efectivo que no alcanza a cubrir sus compromisos de gasto en el años 2012, en promedio, de cada 100 pesos facturados, solo se recaudaron 61 pesos, esto sin considerar la multiplicidad de causas alrededor de los procesos contractuales de compra venta de servicios, como ocurre por ejemplo con las irrisorias tarifas a las que se les contratan los servicios capitados en los niveles básicos de atención en hospitales públicos.