La integración entre UNE y Tigo, filiales respectivamente de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y la multinacional Millicom, aprobada el año pasado por el Concejo de Medellín, aún espera que se resuelva la cascada de acciones judiciales emprendidas por quienes se oponen a ese negocio.

"Para nosotros está claro que en el trámite de aprobación del Acuerdo 17 de 2013, el alcalde, el gerente de EPM y los concejales pudieron incurrir en un prevaricato por acción y un peculado a favor de terceros. Eso debe investigarse a fondo y con celeridad", explicó a la prensa local Jesús María López, presidente de la Unión Sindical Grupo Empresarial EPM (Unigeep).

"Nos sentimos absolutamente serenos con todas las actuaciones que se han adelantado para lograr la fusión y que están dentro de la ley", afirmó Juan Esteban Calle, gerente de EPM, para quien la integración con Millicom es la decisión más responsable para preservar el patrimonio público del Municipio en EPM y darle sostenibilidad a UNE.

El negocio enfrenta un par de denuncias sobre "posibles hechos delictivos" que Unigeep presentó a la Presidencia de la República, que fue remitida a la Contraloría General, y al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), trasladada a su vez a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), así como a la Fiscalía.

Simultáneamente, Unigeep elevó una petición al alcalde Aníbal Gaviria para que presente en marzo un nuevo proyecto para derogar el acuerdo del Concejo y que retire de la SIC la documentación que contempla la integración.

Aparte de la oposición sindical está la de los competidores de UNE y Tigo. DirecTV y Claro también entablaron ante la SIC acciones jurídicas contra la integración.

Para Calle se trata de acciones para dilatar la fusión, cuando varias instancias del Gobierno han dicho "que la fusión le hace bien a la competencia".