Sigue proceso por recobros de 17 EPS | El Nuevo Siglo
Jueves, 30 de Abril de 2015

17 empresas  de salud volvieron a ser vinculadas a procesos de responsabilidad fiscal por recobros indebidos al Fosyga (Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad en Salud), anunció la Contraloría General de la República.

De acuerdo con un comunicado, el contralor Edgardo Maya revocó una decisión de la Unidad de Investigaciones Especiales de Lucha contra la Corrupción que desvinculó a 17 empresas de salud en el proceso de responsabilidad fiscal que se les adelantaba.

Un auto firmado por Maya revocó otro emitido en diciembre por la Contraloría Intersectorial No. 4 de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción al determinar que 17 empresas no resarcieron plenamente el perjuicio presuntamente causado al Estado, motivo por el cual ordenó revocar su desvinculación, específicamente en el caso de: ARS Convida, Asmet Salud, Asociación de Cabildos indígenas del Cesar Dusakawi, Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó EPS-S-Ambuq, Cafesalud EPS, Caja de Compensación Familiar de Córdoba – Comfacor, Comfamiliar del Huila ARS, Comfanorte, Ecoopsos,  Emdi Salud ESS, Emssanar ESS, Salud Cóndor, Salud total SA EPS, Salud Vida, Selva Salud, Comfacundi y Comfaca.

Según la información suministrada por la Contraloría, en el auto el contralor Maya igualmente ordenó revocar el archivo del proceso de responsabilidad fiscal frente a las firmas interventoras AGS Colombia LTDA Asesores Gerenciales y Auditores en Salud, JAHV Mc Gregor SA.

De otra parte, con respecto a la Caja de Compensación Familiar de Antioquia – Comfama, Comfenalco de Antioquia EPS, Solsalud EPS, Fiduagraria SA, La Previsora SA y Fiducoldex, se confirmó la decisión de desvinculación de la acción fiscal.

La comunicación de la Contraloría General precisó que de esta manera, el proceso de responsabilidad fiscal continuará su trámite con el Consorcio Fidufosyga, las entidades recobrantes que no resarcieron totalmente el detrimento causado al Estado y las firmas interventoras, con el fin de determinar la existencia de responsabilidad fiscal.