Antes que inicie el trámite en su segunda vuelta legislativa, el proyecto que contempla un nuevo marco jurídico para futuras desmovilizaciones y le da algunas facultades extraordinarias al Presidente de la República, sigue generando algunas prevenciones.

El senador Juan Fernando Cristo del Partido Liberal, sugirió que se tenga en cuenta la proposición de que “se requiere que el presidente, por medio de decretos firmados por todos los ministros, declaren que quedan activados determinados instrumentos de justicia transicional respecto de ese específico actor armado. La Corte Constitucional conocerá constitucionalmente de ese decreto en los plazos y términos establecidos para la emisión de los decretos expedidos en un uso de las facultades de los decretos de excepción”.
Por su parte, el senador Roy Barreras del Partido de La U, presidente de la Comisión de Paz del Senado y ponente del Acto Legislativo, dijo que se tendrán en cuenta las recomendaciones de sus colegas para los debates que siguen y resaltó que “con este acto estamos dando instrumentos jurídicos al presidente de la República para que presente los proyectos de ley para su reglamentación”, señaló.
Durante el cuarto debate de la iniciativa, algunas voces de los senadores estuvieron dirigidas hacia la participación en política de los grupos desmovilizados. Los senadores del Polo Democrático, Luis Carlos Avellaneda y Gloría Inés Ramírez, y Germán Carlossama (Movimiento Autoridades Indígenas) coincidieron en que se debe permitir que participen en la democracia, porque de lo contrario, “sería una utopía”.
A su turno, la congresista Gilma Jiménez del Partido Verde, consideró que el proyecto debe ser más explícito, con términos imperativos, sobre la situación de quienes secuestran niños.
La iniciativa pretende crear el marco constitucional que permita dar coherencia a los mecanismos de justicia transicional en Colombia, con la finalidad de facilitar la terminación del conflicto armado interno y con ello el logro de una paz estable y duradera.
Este marco constitucional permitirá articular la legislación ya existente con una complementaria, encaminada a lograr la desmovilización de los miembros de grupos armados al margen de la ley, su reintegración a la sociedad, el esclarecimiento de la verdad sobre los hechos acaecidos en el marco del conflicto armado, y garantizar los derechos de las víctimas.