Sin poder dar un paso adelante se vio la administración Santos en el primer periodo de este Congreso en su intención aplazada desde su anterior mandato de radicar tres proyectos de ley que considera clave. También quedaron pendientes varias iniciativas  que el Jefe de Estado anunció el pasado 20 de julio.

A pesar de ello, como se dice en el argot del ajedrez, el balance legislativo gubernamental quedó en tablas, pues logró presentar y sacar adelante una copiosa agenda de proyectos en la que se destaca en primera vuelta la reforma del Estado a la que denominó equilibrio de poderes, la reforma tributaria, el Presupuesto General de la Nación 2015, la reforma del Fuero Penal Militar (también en primera vuelta), entre otras.

Sin embargo, el Gobierno nacional sigue sin poder radicar en el Congreso el proyecto de ley de desarrollo rural, que será básica en tiempos del posconflicto;  la reforma constitucional para remozar las Corporaciones Autónomas Regionales; y el Código Minero.

Al instalar el Congreso de la República el pasado 20 de julio, el presidente Santos hizo énfasis en tres proyectos de ley que su administración presentaría, “el primero es la Ley de Desarrollo Rural que adopta un enfoque territorial del desarrollo rural, es decir, exige que las políticas y las decisiones de inversión se concierten en cada localidad, priorizando a los más vulnerables”. El segundo proyecto es  la ley de baldíos y de desarrollo de la Altillanura y el tercero para formalizar la propiedad rural, para ayudar a los campesinos a que registren sus predios y tengan seguridad jurídica.

A la postre el Ejecutivo pudo radicar los proyectos de baldíos así como el que está orientado a formalizar la propiedad rural, sin embarga, no sucedió lo mismo con la ya largamente postergada ley de desarrollo rural.

Incluso en agosto pasado, el vicepresidente Germán Vargas Lleras, dijo en entrevista a Caracol Radio que impulsaría la radicación en el Congreso del Código Minero,  la reforma a las CAR y la ley de consulta previa.

En remojo

Las dificultades que ha tenido el Gobierno para presentar al Congreso los proyectos de reforma a las CAR, el Código Minero y la ley de desarrollo rural se originan en que no ha podido avanzar por falta de acuerdo en la respectiva consulta previa con las etnias indígenas y afrocolombianas.

Incluso por la misma razón tampoco ha avanzado el proyecto de ley de consulta previa que anunció Vargas Lleras, frente a lo cual el Ejecutivo ha señalado que no habrá cortapisa alguna al derecho constitucional y reconocido en acuerdos internacionales que tienen las minorías étnicas de ser consultadas de forma previa sobre proyectos de obra o legislativos que los impacten en su forma de vida o cultura. Se busca establecer una reglamentación que permita agilizar estos procesos porque hoy toman mucho tiempo paralizando obras de infraestructura para el desarrollo del país, según las autoridades.

La reforma a las CAR busca básicamente hacer una reingeniería en los cuerpos administrativos de estas corporaciones de rango constitucional, después de que quedaron mal paradas ante el Gobierno nacional, pues éste consideró que se quedaron cortas en prevención frente a la ola invernal de 2011.

En cuanto a la reforma al Código Minero, esta actividad que atraviesa por un boom se está desarrollando con una normatividad del año 2001, pues el año pasado la Corte Constitucional tumbó la Ley 1382 de 2010, precisamente por pasar por encima el requisito de consulta previa.

El alto Tribunal difirió por dos años los efectos de esta decisión teniendo en cuenta la importancia de esta norma y dando tiempo para que se aprobara una nueva ley, lo que finalmente no ocurrió porque fue imposible para el Gobierno adelantar la correspondiente consulta previa con los indígenas y las minorías étnicas. En consecuencia, cobró vida nuevamente el viejo Código Minero, la Ley 685 de 2001.

Otra de las grandes reformas pendientes para el Gobierno nacional es la de tierras y desarrollo rural, cuyo articulado lo tiene en buena parte definido desde hace tiempo.

Esta iniciativa está orientada, en términos generales, a fomentar el desarrollo rural con un enfoque territorial que lleve a mejorar el bienestar de la población del campo. Sin embargo en específico se adentra en temas tan espinosos como la planificación del ordenamiento de la propiedad y el uso de las tierras rurales.

En el congelador

Hay otros proyectos que el Gobierno anunció este año que presentará al Congreso o por lo menos que estudiaría hacerlo, pero hasta el momento no hay humo blanco. Es el caso de la iniciativa que agilizaría el proceso de restitución de tierras habilitando la restitución administrativa en los casos que no hay oponente.

La presentación de esta iniciativa al Legislativo era estudiada a principios de este año por el Gobierno y congresistas, al punto que el entonces presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, dijo que “la restitución administrativa podría ayudar, en algunos casos, a acelerar este proceso".

Igualmente está pendiente la reglamentación de la Ley Estatutaria de Salud, que el presidente Santos dijo que era una de las prioridades; así como un proyecto  de protección de páramos.

Sin contar con la reforma al Código Electoral, que hoy queda pendiente por algunos avances que se logró en ese sentido con la iniciativa de equilibrio de poderes.