El 40 por ciento de las víctimas han sido afectadas por la guerrilla y, aproximadamente un 25 por ciento lo ha sido por los paramilitares.

 

Dos meses antes de lo esperado el Gobierno Nacional cumplió con su meta inicial de reparar a 110 mil colombianos víctimas del conflicto armado, aunque la cifra se consideró alta para ser el primer año de implementación de la Ley de Víctimas la tarea fue lograda por la Unidad para la Atención y la reparación Integral, para lograr este objetivo se invirtieron 823 mil millones de pesos.

 

Se espera que para el próximo 30 de octubre la meta esté cumplida, teniendo en cuenta que hasta el pasado miércoles, 26 de septiembre, unas 90 mil personas habían recibido indemnizaciones por un valor de 535 mil millones de pesos, de la anterior cifra unas 87 mil compensaciones entregadas corresponden a personas amparadas por el Decreto 1290 de 2008, del Programa de Reparación Individual y la Ley 418 de 1997 de atención a víctimas de la violencia. El objetivo a 2014 es el pago de 385.846 indemnizaciones.

 

“La paz no es sostenible, ni la terminación del conflicto es sostenible si las víctimas no sienten que a ellas se les reparó primero y estamos en esas, ya tenemos a la fecha más de 90 mil personas que han iniciado el proceso de reparación, vamos a cumplir la meta del año antes de tiempo y la vamos a cumplir en octubre, es decir, el Gobierno Nacional le está cumpliendo a las víctimas sin importar el autor de esa victimización”, precisó Paula Gaviria, directora de la Unidad para la Atención y la Reparación Integral.

 

Como la meta se cumplió antes del tiempo previsto, la entidad y el Ministerio de Hacienda están evaluando la posibilidad de hacer una adición presupuestal de 68 mil millones de pesos para que el proceso de reparación pueda continuar en los meses de noviembre y diciembre. 

 

La Unidad de Atención y Reparación ha logrado recopilar datos que indican que aproximadamente un  40 por ciento de las víctimas de la violencia se ha visto afectado por la guerrilla y un 25 por ciento por parte de grupos paramilitares. Sin embargo, las cifras no son exactas si se tiene en cuenta que en el formato que deben llenar todas aquellas personas que quieren ser consideradas víctimas dentro del conflicto no se les pregunta cuál fue el grupo victimizante.

 

“Casi el 40 por ciento de las víctimas son víctimas de la guerrilla de un universo de más de 4 millones. El Gobierno ya está reparando y atendiendo a las víctimas de la guerrilla, quienes se están atendiendo también con la ayuda humanitaria, durante este año se han atendido unas 300 emergencias”, precisó Gaviria, quien agregó que un dato que sí se ha podido sistematizar a través de los formatos son los casos por los que más denuncian las víctimas y entre los que se encuentran el desplazamiento forzado, el secuestro, la violencia sexual, el reclutamiento forzado de niños y niñas, la victimización con minas antipersona, entre otros.

 

Las cifras consolidadas hasta el 30 de agosto, mostraban que el departamento con mayor cantidad de reparaciones era Antioquia con 18 mil personas y 123 mil millones de pesos; en segundo lugar, está Santander con 5.133 personas reparadas, equivalente a 28 mil millones de pesos; en tercer lugar está el Cauca con 3.700 personas y una inversión de 23 mil millones de pesos.

 

Un 90 por ciento de las personas que han decidido ser reparadas han aceptado de manera voluntaria hacer parte de un modelo integral de reparación que no solamente incluye la parte pecuniaria, sino que además ofrece alternativas de atención psicológica y social. A través de esa metodología se ha podido establecer que de aquellas víctimas que reciben compensación económica un 46 por ciento quiere invertirlo en la compra de una casa; el 20 por ciento quiere montar su propio negocio; y un 10 por ciento quiere la plata para pagar el estudio de sus hijos o continuar con los propios.

 

Registro Único

 

El Registro Único de Víctimas es una base de datos que desde hace varios años ha estado en proceso de construcción por parte de los gobiernos y que no se había logrado consolidar, sin embargo, la Unidad de Atención y Reparación se ha puesto en la tarea de unificar las listas y detallar los criterios demográficos, la caracterización de los hechos victimizantes, la definición de prioridades, la atención diferencial y el diseño de estrategias de atención acordes con las características étnicas, culturales y regionales.

 

Actualmente más de 4 millones de colombianos hacen parte oficial de la lista y solo durante este año se han recibido 150.328 nuevas solicitudes de registro, de las cuales 74 mil ya fueron aprobadas luego de que los datos y documentos entregados cumplieran con el proceso de valoración que ordena la ley.

 

No solamente la reparación individual es el objetivo de la Ley de Víctimas, por lo que la Unidad ya ha empezado a adelantar las gestiones necesarias para hacer reparaciones a sujetos colectivos como por ejemplo las organizaciones sindicalistas, de mujeres, de defensores y defensoras de Derechos Humanos, periodistas, entre otros.

 

Para los casos de reparación colectiva por zona geográfica ya se inició la priorización de cuatro zonas del país: El Salado, Bolivar; Libertad, Sucre; Bahía Portete, en La Guajira; y, en El Tigre, Putumayo.

 

Uno de los aspectos en los que más enfatizó la directora de la Unidad de Atención y Reparación, Paula Gaviria, es que la Ley de Víctimas no será negociable en una mesa de negociación, ni en ningún otro lado. “La Ley de Víctimas es una ley de la República, es un derecho de todos los colombianos y colombianas que han sido víctimas en la sociedad en general. En lo que se puede avanzar en la mesa son cosas más puntuales respecto al cómo, dónde, cuándo, pero el derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación es innegociable”, señaló.

 

 

 

Ayuda a desplazados

 

La Unidad de Atención y Reparación Integral a las víctimas ha entregado ayuda humanitaria a 545 mil familias en condición de desplazamiento en todo el país, con una inversión de 530 mil millones de pesos, ayudando a superar el represamiento de 102 mil solicitudes que se presentaron entre los meses de marzo y agosto de este año. El mayor número de entregas se pagaron en Bogotá y en el departamento de Antioquia. Se tiene previsto entregar otros 45 mil millones entre octubre y diciembre de este año a 48 mil familias que han solicitado ayuda este año.

 

 

Atención de emergencia

 

Este año se han realizado 390 misiones, 178 de ellas en atención de emergencias y 212 de prevención. El mayor número ha sido en el Cauca debido a múltiples infracciones del Derecho Internacional Humanitario. Además, se ha entregado ayuda inmediata a 7.057 hogares por más de 7 mil millones de pesos, hasta por dos salarios mínimos. Durante los 9 meses que lleva funcionando la entidad se ha respondido por 1.852.259 solicitudes de atención y reparación en los 76 puntos que funcionan en todo el país.

 

 

Participación de víctimas

 

Para garantizar la participación de víctimas y su incidencia en las políticas, programas, planes y proyectos que más las afectan, se han inscrito 833 organizaciones de víctimas y defensores de los derechos de las víctimas, que por ahora, pueden incidir en los Comités de Justicia Transicional instalados en 990 municipios y 31 departamentos. La meta de la Unidad en cuanto a comités instalados este año es de 1.131, de los cuales 1.021 ya estaban operando el 30 de agosto.

 

 

 

Ley de tierras es innegociable

 

El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo, advirtió que la Ley 1448, o de Víctimas y Restitución de Tierras, no tiene reversa ni será objeto de ninguna negociación. “Esta Ley no está sometida a negociaciones en ninguna mesa dentro o fuera del país. Esta Ley se cumple, como se cumple toda la organización jurídica del país”, afirmó el titular de la cartera.

 

Las observaciones del ministro Restrepo fueron hechas en el acto de presentación de la demanda colectiva, ante un juez agrario  en Montería, dirigida a recuperar las tierras que los desaparecidos jefes paramilitares Fidel y Carlos Castaño y sus testaferros, arrebataron a campesinos del departamento de Córdoba.

 

El ministro indicó que la Ley, en un hecho sin precedentes en la historia de Colombia, se viene aplicando con todo rigor, de acuerdo a los términos y tiempos establecidos en la norma y por parejo y con el mismo rasero, independientemente de que las víctimas del despojo lo sean de la guerrilla, de los paramilitares o de la delincuencia común.

 

“Para la Ley,  es víctima del despojo cualquiera sea el pelambre  del despojador”, anotó Restrepo Salazar tras reiterar que ahora, la última palabra jurídica, tras la presentación de las demandas, la tienen los jueces agrarios.

 

El ministro advirtió que ni el Ministerio de Agricultura, ni la Unidad de Restitución de Tierras están comprando predios. “Si alguien llega con esa intención, es un impostor”, previno el titular de la cartera agropecuaria.

 

Restrepo llamó nuevamente la atención por la coacción y el constreñimiento a los reclamantes de tierras a quienes se amenaza o se les ofrece dinero para que desistan de sus reclamaciones o retiren las demandas. “Esta es una manera de obstaculizar el cumplimiento de la Ley. Resulta que las reclamaciones son de orden público y no son desistibles”,  previno.

 

El ministro señaló que tanto la Fiscalía, como la Procuraduría, están al tanto de la situación y junto al Ministerio de Agricultura han desplegado acciones conjuntas para atajar esa clase de conductas.