La justicia hondureña emitió un fallo histórico al declarar culpables de la muerte de dos estudiantes universitarios a cuatro policías, un incidente que condujo a desentrañar la participación de unidades enteras de la policía en el crimen organizado.

Al dictar la sentencia, la juez Ruth Paz hizo poner de pie en la sala a los agentes José Pozo, Santos Padilla, Gabriel Marcía y Wilson Córdova.

"Por unanimidad de votos, los declaramos culpables de asesinato en perjuicio de los jóvenes Rafael Alejandro Vargas Castellanos y Carlos David Pineda Rodríguez (...) y abuso de autoridad", manifestó la presidenta del tribunal.

Los jueces ordenaron el internamiento de los cuatro policías en la Penitenciaíra Nacional en Tamara, 20 km al norte de la capital, y fijaron para el 11 de setiembre como fecha para notificarles la pena en años de prisión.

El fiscal Juan Carlos Grifin, de la parte acusadora, informó a la AFP que "la fiscalía ha pedido la pena máxima y, de acuerdo al Código Penal, las penas son de 20 a 30 años de cárcel por cada caso y de tres a seis por abuso de autoridad, es decir que serían 66 años la máxima y 43 la mínima".

En la fundamentación de la sentencia, la juez relató que los jóvenes se transportaban la madrugada del 22 de octubre de 2011 en un vehículo en las cercanías del aeropuerto Toncontín, sur de la ciudad, donde fueron interceptados por miembros de una patrulla que los perseguía.

Al no acatar la orden de detenerse, los policías hicieron cuatro disparos contra el vehículo, uno de los cuales impactó en la espalda a Vargas, quien era el conductor, lo que le obligó a detener el auto.

Los policías Pozo y Padilla, integrantes de la patrulla, más otros dos que están prófugos, recibieron la ayuda de otra patrulla de la que formaban parte Marcia y Córdova y entre todos los llevaron al sur de la ciudad donde remataron a tiros a Vargas y asesinaron a Pineda.

Rafael Vargas era hijo de la rectora de la Universidad de la Universidad Nacional, Julieta Castellanos, quien con los recursos técnicos de la casa de estudios y videos de negocios probó que los homicidas de los dos jóvenes eran policías.

"Queremos reconocer a los forenses, a los investigadores que aportaron pruebas, a los fiscales, por el trabajo que han hecho, en algunos casos lo hicieron bajo riesgo y amenaza", declaró Castellanos tras escuchar la sentencia.

"Vamos a continuar, a los prófugos hay una cúpula policial que los dejó ir. Había una cúpula policial que permitía que esta patrulla (identificada como MI-92) ejecutara jóvenes, no fueron Alejandro y Carlos los primeros, probablmente los últimos, pero antes la misma patrulla hacía lo mismo y Los Hornitos se había convertido en un botadero de cadáveres", aseguró.

La sentencia "es como volver a revivir el momento de la muerte de nuestros hijo", afirmó Aurora de Pineda, madre de Carlos.

La muerte de los estudiantes llevó a la fiscalía a descubrir que sedes enteras de la policía --integrada por 14.500 agentes-- formaban parte de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, el secuestro, la extorsión y el sicariato, entre otros delitos.

El gobierno inició entonces un proceso de depuración policial que, no obstante, ha sido cuestionado por su lentitud./AFP