El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) admitió el recurso de apelación presentado por España, tras la sentencia que condenó a ese país a indemnizar y liberar a una integrante de ETA por haber prolongado "de forma irregular" su detención.
El caso "volverá a la Gran Sala del Tribunal Europeo a pedido del gobierno español", indicó el TEDH en un comunicado, sin precisar la fecha en que volverá a ser examinado.
El TEDH, con sede en Estrasburgo, instó en julio a España a poner en libertad "en el plazo más breve posible" e indemnizar con 30.000 euros por daños morales a Inés del Río Prada, condenada a más de 3.000 años de cárcel, al considerar que no se le había aplicado correctamente la legislación.
Pero el Gobierno español enseguida anunció que iba a recurrir la decisión y rechazó poner en libertad a Del Río, miembro de uno de los comandos de ETA más sanguinarios, condenada a prisión por varios asesinatos.
El gobierno español alegó el pasado 4 de octubre ante la Gran Sala del Tribunal que no había vulnerado el Convenio Europeo de Derechos Humanos al haber aplicado la llamada Doctrina Parot, que desde 2006 establece que las redenciones de penas previstas en el Código Penal de 1973 se aplicarán sobre cada una de las condenas impuestas y no sobre el máximo de prisión aplicable de 30 años.
El centro penitenciario, donde Del Río cumplía su condena desde 1989, determinó que la reclusa quedara en libertad en 2008 por los beneficios penitenciarios que le dieron sus trabajos en la cárcel.
Pero, el Tribunal Supremo español, escudado en la doctrina que se aplicó por primera vez al etarra francés Henri Parot, realizó un nuevo cálculo por el que Del Río recién saldría de la prisión en junio de 2017.
En su sentencia de julio, el TEDH falló por unanimidad que la doctrina Parot viola dos artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos y precisó que esta no se podía aplicar de forma retroactiva para alargar la condena de la etarra.
El caso constituyó la primera sentencia del TEDH sobre la Doctrina Parot, establecida por el Tribunal Supremo español para que los reos condenados por graves delitos cumplan el máximo tiempo legal de estancia en prisión.