Se estima que además de las 36 consultas efectuadas hasta ahora, se preparan otras 40 acciones populares de este mecanismo usado para definir temas ambientales. Así lo señala un análisis de las consultas populares adelantadas en el país, elaborado por el Observatorio de Conflictos Ambientales del Instituto de Estudios Ambientales (Idea) de la Universidad Nacional y en el que se señala que este tipo de mecanismo sí es vinculante.

Para los expertos del Observatorio queda claro que al temor por los impactos sociales y ecosistémicos se une la preocupación por la autonomía en las decisiones sobre el futuro del territorio. Vale la pena mencionar que en la sentencia T445 de 2016, la Corte Constitucional afirma que “el Estado colombiano no puede dar una prevalencia automática y abstracta al interés general y la visión mayoritaria del desarrollo o progreso cuando este afecta los derechos fundamentales de las personas”.

En ese sentido señalan que la consulta popular no es un fin en sí misma, sino que forma parte de la estrategia política y comunicativa de comunidades y autoridades locales, para ejercer autonomía sobre su territorio y decidir sobre su vocación.

“Los resultados de las consultas mencionadas aquí han sido apabullantes, y en esa medida algunos sectores tanto del Gobierno nacional como de las empresas extractivas han mostrado preocupación y han planteado dudas sobre el carácter vinculante de este mecanismo de participación, abriendo el debate sobre la democracia real a nivel local en el país”.

Tanto en 2014 como en 2016 la Procuraduría General de la Nación les recomendó a los alcaldes de varios municipios que preparaban consultas populares no realizarlas, alegando extralimitación de funciones.

Para los expertos del Observatorio, las consultas populares no son la única herramienta jurídica con la que los municipios han querido ejercer su derecho a decidir. Son múltiples las iniciativas para enfrentar los conflictos ambientales, muestra de lo cual son los 12 municipios en Casanare, Huila y Antioquia que en lo que va corrido del año se han acogido a acuerdos municipales que prohíben la minería en su territorio.

“Como se puede apreciar, tanto las comunidades como los expertos consultados coinciden en que las herramientas jurídicas son solo un elemento en esta discusión, pues a pesar de que las consultas populares son de obligatorio cumplimiento, y de que existen diversos mecanismos a disposición de los municipios que deseen blindarse frente a las actividades minero-energéticas, la diferencia en los territorios la marcan la organización, el sentido de comunidad y la movilización”.

Ante resultados tan contundentes, los expertos del Observatorio de Conflictos Ambientales concluyen que las consultas llevan ventaja frente a los demás mecanismos, “pues fortalecen el movimiento social otorgando legitimidad a sus acciones en el futuro, mientras que fomentan el debate público sobre la autonomía local y el modelo de desarrollo”.