LA PROPUESTA de reformar el sistema de escogencia del Senado para darle mayor representación a las regiones, va por el mismo camino que la de la reelección para alcaldes y gobernadores sobre la cual se presentaron más de 15 proyectos en la última década y nunca fue aprobada.

Es más, paradójicamente la última vez que se hundió la propuesta de Senado regional fue al final del primer semestre de este año, precisamente en la reforma de equilibrio de poderes que no sólo acabó la reelección presidencial inmediata, sino que la prohibió para todos los cargos de las ramas Ejecutiva y Judicial, cerrando de paso definitivamente que también mandatarios departamentales y municipales pudieran repetir en el cargo de forma inmediata.

Apenas dos meses después de que el artículo de senado regional se hundiera en el Congreso, pese a la insistencia del Gobierno, el liberalismo volvió a presentar una reforma constitucional en ese sentido. De esta forma sería la tercera vez que esta iniciativa llega al Parlamento en los últimos años. Se recuerda que antes de la reforma de equilibrio de poderes y la del liberalismo, en el 2013 el entonces senador verde John Sudarsky presentó una reforma muy completa al respecto, que tampoco tuvo mayor eco y se terminó hundiendo indefectiblemente.

Paradójicamente esas tres iniciativas partían de las mismas premisas: la circunscripción nacional para la elección de los senadores establecida a partir de la Constitución de 1991 (en combinación con las listas abiertas, el voto preferente y el umbral electoral, introducidos en posterior reforma electoral) no sólo afectó la posibilidad de representación de los departamentos más pequeños y con menor censo electoral, sino que encareció las campañas políticas en forma sustancial, a tal punto que en los comicios parlamentarios de 2014 llegó a decirse que, más allá de lo que establecieran los topes de gasto establecidos por el Consejo Nacional Electoral, se necesitarían no menos de 5.000 millones de pesos para asegurar una curul en la Cámara alta, ya que se debían buscar votos en varios departamentos.

La circunscripción nacional del Senado no sólo favoreció a los grandes ‘caciques’ regionales y sus maquinarias clientelistas, sino que disparó fenómenos de corrupción política como el trasteo y la compra de votos, lo que finalmente desembocó en el escándalo de la parapolítica que llevó a la cárcel a más de 70 senadores y parlamentarios que hicieron acuerdos políticos y electorales con las autodefensas.

Hoy por hoy, en el actual Senado trece departamentos no tienen ningún parlamentario, mientras que otras regiones tienen hasta cinco y siete entre las 102 curules de la Cámara alta.

Tres fórmulas distintas

Para algunos analistas, el gran obstáculo para volver a la figura del senado regional va más allá de la tesis de la oposición de la ‘clase política tradicional’ y, en realidad, se debe a que las propuestas para darles mayor representación a los departamentos con menor censo electoral han sido muy confusas.

Por ejemplo, en la recién radicada por el liberalismo se prevé que habrá un senador por cada circunscripción territorial y uno más por cada 700.000 habitantes. Para ello, cada departamento y el Distrito Capital de Bogotá conformarán una circunscripción territorial.
Igualmente se señala que las circunscripciones especiales asegurarán la participación en el Senado de las comunidades indígenas y de los colombianos residentes en el exterior: dos escaños y uno, respectivamente.

Es una propuesta muy distinta a la que contenía la reforma de equilibrio de poderes, ya que esta establecía una fórmula para lograr la representación de los departamentos no representados, mediante el otorgamiento de cuatro curules que serían distribuidas a razón de una por los siguientes territorios: una para los departamentos de Arauca y Casanare. Otra para Amazonas, Putumayo y Caquetá. Una tercera iría a Vaupés, Guaviare, Guainía y Vichada. Y la última para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Tampoco se parece a la radicada por Sudarsky, que se dirigía a crear un sistema electoral mixto que cambiaría la forma de elección de senadores y representantes a la Cámara, por medio de la creación de distritos electorales, que aportarían el 60% de las curules, combinado con la elección por circunscripción proporcional, que sumaría el restante 40% de las curules, con umbral y cifra repartidora.

Contradicciones

En ese orden, queda claro que el problema de la propuesta para un senado regional radica en que hay tres visiones al respecto. Una primera se basa en que la prioridad debe ser asegurar que todos los departamentos tengan representación, así sea por la vía de la excepción, como lo proponía la reforma al equilibrio de poderes.

Otra visión se dirige a considerar que lo que debe crearse es un sistema mixto, es decir en donde se puedan elegir tanto senadores de circunscripción nacional y otros de índole regional, e incluso exclusivos de la capital del país.

Y una tercera que considera que debe abolirse la senaduría nacional y volver a la departamental, como funcionaba antes de la Carta del 91.

Tampoco faltan los que consideran que las curules deben dividirse por el potencial electoral de las regiones, de forma tal que Bogotá, en donde todos los candidatos pescan votos pero en el Congreso no defienden los intereses de la capital del país, tenga derecho a un número superior de escaños que otras regiones, a las cuales, sobre todo las de menor censo electoral, sí se les tendría que asegurar, por la vía de la excepcionalidad, que tengan por lo menos una plaza en la Cámara alta.

Habrá que esperar cuál será el destino del nuevo proyecto de reforma a la composición del Senado para saber si esta, al fin, será la vencida o el proyecto, como todos sus antecesores, termina hundiéndose y resucitando en algún tiempo.