Advirtiendo que  los responsables de violaciones a los derechos humanos deben ser castigados, el Senado norteamericano estudiará una resolución de apoyo al proceso de paz que adelanta el Gobierno colombiano con las Farc.

La resolución fue presentada por el republicano Bob Corker, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, y el demócrata Ben Cardin, integrante de esa célula legislativa proponiendo un firme respaldo bipartidista al proceso de paz en Colombia, pero también condicionando ese apoyo a que el acuerdo de La Habana contemple castigos adecuados para los responsables de graves violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto en Colombia.

"Después de 50 años de conflicto los colombianos merecen vivir en un país en paz. En este momento crucial, Estados Unidos debe apoyar los esfuerzos del presidente Juan Manuel Santos por alcanzar un histórico acuerdo", dijo el senador Cardin.

Tras destacar el compromiso sin atenuantes de Estados Unidos a Colombia para poner fin al conflicto, la resolución le pide al Departamento de Estado que desarrolle una estrategia "de varios años que permita una implementación exitosa y sostenida de los acuerdos, si estos son respaldados por los colombianos" y al Gobierno colombiano que promueva "el debate público sobre los detalles del acuerdo antes de que este sea sometido a su ratificación" popular.

Así mismo se solidarizan con las víctimas y urgen que se logre "un acuerdo que lleve ante la justicia a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario y se aseguren que sean castigados apropiadamente".

Tramite complicado

La proposición de los dos senadores del poderoso comité de relaciones exteriores del Senado norteamericano no es gratuita ni tiene nada de coincidencia que se haya producido el mismo día en que la administración Obama envió al Congreso el proyecto de presupuesto para el año 2017, en el que, como se anunció la semana pasada, va incluida una propuesta de ayuda de US$450 millones para la segunda fase del Plan Colombia, ahora rebautizado como Paz Colombia.

Está claro que tanto los senadores demócratas como los republicanos con quienes el presidente Santos se reunió la semana pasada durante su gira por Washington, le reiteraron al Jefe de Estado que apoyaban el proceso de paz que se está adelantando con la guerrilla, pero le advirtieron que el mismo deberá asegurar un castigo proporcional a los subversivos e integrantes de la fuerza pública que violaron los derechos humanos.

Por ejemplo el influyente senador demócrata, Patrick Leahy, muy amigo del Plan Colombia en los últimos años, fue enfático en advertir que Estados Unidos no puede apoyar un acuerdo de paz en Colombia que comporte grandes dosis de impunidad para guerrilleros o uniformados.

Su pronunciamiento se dio paralelo al reiterado por la influyente ONG, Human Rights Watch, que volvió a insistir en que el acuerdo de justicia transicional y la Jurisdicción Especial de Paz anunciados por el Gobierno y las Farc a mediados de diciembre, violan los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, a tal punto que califica el pacto citado como una “piñata de impunidad”.

El propio gobierno estadounidense le habría indicado a Santos su preocupación por el alcance de ese acuerdo de justicia transicional, sobre todo en una reunión que sostuvo con el secretario de Estado, John Kerry.

En vista de todo lo anterior, va quedando en evidencia que más allá de los efusivos discursos de la semana pasada del presidente Santos y el mandatario estadounidense Barack Obama, los círculos del poder en Washington tienen reservas frente al alcance de los acuerdos de paz hasta ahora firmados con las Farc y es seguro que las mismas ya han sido advertidas por el enviado especial de la Casa Blanca para la negociación de La Habana, Bernie Aronson.

Por igual se evidencia que la aprobación de la partida de los US$450 millones para la fase II del Plan Colombia, no será nada fácil, pues tanto los republicanos como los demócratas, que tienen mucho peso en el Comité de Relaciones Exteriores, van a condicionar lo más posible la aprobación de dicha ayuda, no solo porque tienen una gran preocupación por el aumento de los cultivos ilícitos en nuestro país, así como de la producción de cocaína, sino porque el propio Obama había indicado que una parte de esos US$450 millones serían destinados a temas como el desminado y la desmovilización de los guerrilleros.

No hay que olvidar en este debate que la agencia antidrogas DEA señaló meses atrás a las Farc como un cartel del narcotráfico y que la Casa Blanca tiene sobre el tapete peticiones del Gobierno colombiano, e incluso de la guerrilla relacionadas con temas muy complicados como el retiro de ese grupo armado ilegal del listado internacional de organizaciones terroristas, así como la solicitud para que el extraditado y condenado cabecilla, alias “Simón Trinidad”, salga de una prisión de Estados Unidos y sea remitido a Cuba para integrarse a las tratativas.

Como se ve, a la hora de la verdad y del realismo político, el apoyo de Estados Unidos al proceso de paz en Colombia estará fuertemente condicionado y las advertencias  que por el momento se leen en los pronunciamientos de los congresistas, las ONG y algunas instancias del Departamento de Estado, así como la propia DEA, se pondrán de manera abierta y descarnada cuando el Congreso empiece a debatir de forma puntual el monto y objetivo de la nueva fase del Plan Colombia.