Cada día que pasa se conocen nuevos datos sobre la madeja de cómo se confeccionaban los contratos en el Distrito Capital, pero ayer, mientras en el Concejo el ambiente seguía enrarecido, se conoció que hay un nuevo testigo que podría revelar dónde se encuentran los dineros producto de los actos de corrupción.

En efecto, al tiempo esta semana se realiza la audiencia de imputación de cargos a los concejales de Bogotá Orlando Parada y Andrés Camacho, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho, ayer se conoció que la Fiscalía logró un acuerdo con un nuevo testigo que revelará dónde fueron a parar los dineros por las coimas de los contratos.

Con base en las primeras declaraciones del nuevo testigo, además que la Fiscalía se dio cuenta que el proceso es más grande, todo apunta a que se impute el lavado de activos, hacer parecer como legales dineros que tienen origen en una actividad ilegal, pena que determina 22 años de cárcel.

En este mismo sentido, el nuevo testigo cierra el círculo alrededor de las irregularidades en el contrato de las ambulancias, donde pese a los acuerdos con testigos como Emilio Tapia o el concejal Hipólito Moreno, no se había logrado establecer la participación del exalcalde Samuel Moreno y su hermano exsenador Iván Moreno, privados de la libertad.

También esta semana los jueces deben definir si avalan los acuerdos con testigos claves como es el caso de Federico Gaviria, cerebro de la licitación de las ambulancias del Distrito donde se pagó a funcionarios de la administración de Samuel Moreno y concejales de Bogotá.

El lunes será primordial para el testigo clave del ente acusador del carrusel de los contratos, Emilio Tapia, pues en audiencia de legalización con su respectivo principio de oportunidad, se legalizarán los términos según el juez de garantías avale o no el principio de acuerdo.

Un paso fundamental que dio el proceso es que el juez de garantías avaló el principio de oportunidad que concretó con la Fiscal General el abogado Manuel Sánchez a cambio de los beneficios jurídicos y quien se convierte en testigo clave de la investigación.

Así mismo, se determinó medida de embargo, secuestro y suspensión del poder sobre más del 66 por ciento de las acciones que el Grupo Nule tendría en la empresa de Energía del Tolima Enertolima a través de la sociedad Kapital Energy S.A.

En otro lado, se conoció ayer que el Inpec en la cárcel La Picota realizó una requisa a la ‘celda’ del ex senador Moreno debido a las denuncias porque supuestamente tiene lujos que otros internos no tienen como divisiones o equipos, entre otros. La guardia señaló que el operativo es de rutina.