Este martes también la Fiscalía le imputará nuevos cargos a Luis Gustavo Moreno.
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Una semana importante tendrán las investigaciones que se adelantan por los sobornos que pagó la multinacional brasileña Odebrecht para ganarse contratos de obra pública en Colombia, así como por el cartel que habría existido en la Corte Suprema entre los años 2013 y 2015 para vender fallos de procesos. Mañana un juez definirá si dicta o no medida de aseguramiento en cárcel en el primer caso al exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Andrade; en tanto que en el segundo episodio al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, y al exjefe anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno, se imputarán cargos.
Lyons huyó a Estados Unidos después de que la justicia le iniciara investigaciones por hechos de corrupción que se habrían presentado durante su administración en Córdoba en casos como el del cartel de la hemofilia.
Sin embargo, el exmandatario es hoy uno de los principales testigos que tiene la Fiscalía y la Corte Suprema en las investigaciones que desde agosto pasado se adelantan por hechos de corrupción que se habrían producido en este alto Tribunal entre los años 2013 y 2015, producto del accionar de un grupo de magistrados, ex magistrados y abogados que se habrían asociado para torcer procesos a favor de congresistas y políticos, a cambio de millonarias sumas de dinero.
La presunta olla podrida se destapó por grabaciones ocultas que hizo la DEA a conversaciones que sostuvieron en Estados Unidos hace algunos meses el entonces jefe anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno, y su socio el abogado Leonardo Pinilla, con Lyons, quienes le habrían pedido $500 millones para frenar las investigaciones al exmandatario regional.
A partir de allí se abrió investigación en la Corte Suprema al exsenador conservador Luis Alfredo Ramos y a los senadores Hernán Andrade, Álvaro Ashton y Musa Besaile. Contra este último libró una orden de captura la semana anterior que no se ha podido hacer efectiva porque el Parlamentario está escondido.
De igual forma, en la Comisión de Acusación de la Cámara se investiga a los ex magistrados Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos, y al magistrado Gustavo Malo. Y en la Fiscalía también se investiga a los abogados Camilo Tarquino (exmagistrado), Luis Ignacio Lyons, Luis Gustavo Moreno y Leonardo Luis Pinilla.
Lyons Muskus asistirá por videoconferencia a la imputación de cargos por las irregularidades en el manejo de las regalías durante su administración, cuyo descalabro supera los $ 80.000 millones.
El exgobernador logró un principio de oportunidad con la Fiscalía buscando beneficios penales a cambio de entregar información. Ya declaró salpicando al senador Besaile, al asegurar que una parte de los $2 mil millones que el Parlamentario aceptó pagó para frenar una supuesta orden de captura en 2015 en la Corte Suprema, salió de la corrupción en Córdoba.
También aseguró que con Besaile se apropiaron de $11 mil millones en un contrato para ciencia y tecnología en este departamento.
La Fiscalía ha señalado que Lyons deberá responder por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad en documento público y falsedad en documento privado.
No obstante en la imputación de cargos que se hará hoy por videoconferencia desde el Tribunal de Bogotá es posible que la Fiscalía deje de lado algunos de estos delitos producto de la colaboración que está entregando el exmandatario.
También esta semana, la Fiscalía le imputará cargos a Moreno por el presunto constreñimiento al senador Besaile para que entregara dinero a cambio de que fuera suspendida una presunta orden de captura en la Corte Suprema.
En julio pasado, la Fiscalía imputó cargos a Moreno por los delitos de concusión y utilización de información privilegiada, en relación con el dinero que habría recibido de Alejandro Lyons.
Andrade
Mañana la juez 57 definirá si acoge o no la petición de la Fiscalía de medida de aseguramiento en centro carcelario al exdirector de la ANI, Luis Fernando Andrade, en la investigación por los sobornos que pagó Odebrecht.
El pasado 22 de septiembre esta diligencia fue suspendida por petición de la defensa, después que la Fiscalía al cerrar la argumentación de imputación de cargos decidió agregar un nuevo delito al expediente.
De esta forma, al interés indebido en la celebración de contratos y ocultamiento de pruebas, el ente acusador le endilgó el delito de falso testimonio en calidad de determinador, porque fue, según la Fiscalía, el propio Andrade quien dio instrucciones a su asesor en la ANI, Juan Sebastián Correa, para que rindiera un testimonio, falto a la verdad, en las audiencias ante la justicia.