El control fiscal a nivel regional y local es, hoy por hoy, uno de los flancos más débiles a la hora no solo de preservar la integridad en el uso de los recursos y bienes públicos, sino también en la dificultad para atajar las redes de corrupción que se han adueñado de la contratación a nivel departamental y municipal.

No en pocas ocasiones se ha discutido en Colombia que una parte de la problemática reside en el hecho de que las contralorías seccionales y locales no cumplen con su papel fiscalizador y que, por el contrario, terminan siendo un eslabón más en esas estructuras politiqueras, clientelistas y hasta corruptas que priman en muchas regiones.

Por lo mismo, resulta preocupante lo advertido en un informe publicado en la edición de ayer de este diario en torno a cómo la elección de los contralores departamentales y municipales se ha convertido en una “papa caliente” para gobernadores, alcaldes, concejos y asambleas departamentales, al punto que cada vez son más frecuentes las investigaciones y sanciones de la Fiscalía y la Procuraduría por anomalías graves en estos procesos. El caso más reciente se dio en Cartagena, en donde alcalde y contralora terminaron privados de la libertad.

Paradójicamente a partir de la reforma constitucional de 2015 se determinó que los contralores departamentales, distritales y municipales serían  elegidos por las asambleas y concejos, mediante una convocatoria pública que debía proyectar una lista de aptos para dicho cargo. Antes estos funcionarios eran escogidos de ternas integradas por los tribunales superiores de distrito judicial y contencioso-administrativo.

Sin embargo, a partir de 2015 muchas asambleas y concejos se quejaron no sólo de que el cambio había sido muy intempestivo, sino que, además, no había marco normativo reglamentario como tampoco presupuesto para realizar dicha convocatoria y proceder luego a las respectivas escogencias.

Hoy, como se dijo, hay muchas elecciones de contralores regionales y locales que están bajo la lupa de los entes de control, lo que introduce no sólo un elemento más de inestabilidad en los gobiernos seccionales y locales, sino que pone en duda si el cambio en el sistema de escogencia cumplió con su objetivo de dar más transparencia institucional y aumentar la preservación del erario.