• Los nuevos magistrados
• Ojo a percepción pública

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Con la elección la semana pasada del jurista José Fernando Reyes como magistrado de la Corte Constitucional se completa, por fin, la renovación de los cinco escaños de ese alto tribunal a cuyos titulares se les vencieron los periodos en los últimos ocho meses.

Para nadie es un secreto que la escogencia de los nuevos magistrados se vio fuertemente contagiada por el escenario de polarización política que prima en el país, sobre todo alrededor de las implicaciones del acuerdo de paz con las Farc.

Es claro que esa circunstancia afectó y afecta la percepción de la opinión pública sobre los fallos de la que es, sin duda, la máxima Corte por tener ella como misión principal la custodia de la Carta Política y ser garante de que toda normatividad o acción pública o privada se ajuste a sus mandatos.

Han vuelto a surgir las hipótesis en los corrillos políticos y jurídicos sobre la existencia de bloques definidos al interior de la Corte que son los que estarían determinando los fallos de exequibilidad o inexequibilidad sobre los decretos, leyes, y actos legislativos  relacionados con la implementación del acuerdo de paz.

Visto todo lo anterior es obvio que esa percepción pública afecta en forma grave la imagen institucional de la justicia, hoy ya de por sí muy golpeada por los escándalos de corrupción en las más altas esferas, y siembra dudas sobre la neutralidad y objetividad de sus fallos y decisiones de cualquier índole.

Corresponde, ahora, a la renovada Corte Constitucional ponerse por encima de esas reservas y quisquillosidades políticas y demostrarle al país, con sus fallos, la altura y la majestad de un rol funcional que tiene como único norte el acatamiento y defensa del orden constitucional, más allá de los pareceres subjetivos y coyunturales de las toldas gobiernistas o de oposición de turno.

El país, entonces, estará expectante de las actuaciones de su máximo tribunal y es seguro que cada sentencia se someterá a profundo escrutinio con el fin de establecer la certeza de su fondo jurisprudencial y coherencia en el accionar de cada de uno de los nueve magistrados, tanto de  aquellos que ya llevan varios años ejerciendo, como de los escogidos en los últimos meses por parte del Senado de la República.