Los gobernadores, alcaldes municipales o distritales, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital, tienen escasos dos meses para concretar procesos de contratación, nombramientos, celebración de convenios interadministrativos y otra serie de actuaciones antes de que el 10 de noviembre próximo comience la vigencia de la Ley de Garantías Electorales.

Esta norma, como se sabe, restringe la capacidad de los gobiernos para procesos de contratación, movimientos de nóminas, inauguración de obras y otras ejecutorias cuatro meses antes de los comicios parlamentarios que se realizarán en marzo de 2018.

Instituciones como la Procuraduría y otros entes de control y vigilancia, e incluso instancias del alto gobierno han realizado insistentes llamados para que se acelere el paso en departamentos, municipios y otros organismos de forma tal que los planes de desarrollo y las metas ejecución presupuestales no sean muy afectadas por las restricciones que impone la Ley de Garantías Electorales.

Semanas atrás algunos gremios propusieron suspender la aplicación de esta norma bajo la tesis de que en medio de una difícil situación económica no era conveniente paralizar el ritmo de la inversión pública y de las obras civiles financiadas con presupuesto oficial, ya que este rubro es de los pocos que le está imprimiendo dinámica al sector productivo, sobre todo al de la construcción y el empleo. El Gobierno no consideró tal propuesta, ya que en medio de la racha de escándalos de corrupción, que tiene un flanco relacionado con la financiación ilícita de las campañas electorales, suspender la Ley de Garantías no tendría presentación alguna.

Sin embargo los gremios insisten en que hay otros mecanismos para garantizar la trasparencia de la actividad proselitista sin que sea necesario limitar la inversión pública, más aún porque las restricciones podrían extenderse incluso a ocho meses, dado que si bien las elecciones parlamentarias se realizarán en marzo, las presidenciales tendrá lugar en mayo y junio. Esto significa, entonces, que prácticamente desde noviembre hasta finalizar el primer semestre de 2018 la capacidad de contratación y de muchas ejecutorias oficiales a nivel nacional, regional y local estará restringida, con todo lo que ello puede implicar para un proceso de recuperación económica ya de por sí lento y dificultoso.