Muy importante el campanazo que dio esta semana la Procuraduría General al solicitar del Ministerio de Minas y Energía que remita copia del proyecto de Ley que el Gobierno nacional haya presentado para reformar o expedir el nuevo Código de Minas.

A través de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, el órgano de control indicó al Ministerio la necesidad de que el proyecto contenga disposiciones con el mayor nivel de especificidad para someterlas al cumplimiento “(…) de los más exigentes estándares ambientales, técnicos, sociales, económicos y laborales, que permitan a la actividad minera ser legal, viable, rentable, segura, y sobre todo ambientalmente sostenible y sustentable, que contribuya al desarrollo de las comunidades y sus regiones”.

El llamado se produce en medio de los debates sobre las consultas populares que se están llevando a cabo en todo el país y que tienen al sector minero-energético en crisis por una evidente falta de seguridad jurídica, ya que todas las que se han votado hasta el momento se oponen a las actividades extractivas pese a que los títulos y licencias  de las empresas son legales.

No pocos expertos, voceros de la industria petrolera y minera, así como los ambientalistas y promotores de las consultas, coinciden en que existe un peligroso vacío normativo que impide tener reglas claras sobre los deberes y derechos de todos los actores relacionados con este rubro económico que ha sido el soporte de la mayoría de las divisas y los ingresos fiscales de las últimas dos décadas en Colombia.

Ese vacío normativo solo puede ser suplido con un Código Minero moderno, coherente y, sobre todo, acorde con la jurisprudencia que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han dictado -por la propia ausencia de un marco jurídico específico- en los últimos años. Jurisprudencia que ha tenido distintas interpretaciones y que, incluso, ha sido señalada de contradictoria, sobre todo en cuanto a hasta dónde van los derechos de las comunidades y municipios sobre la autorización o no de la industria extractiva, ya que el subsuelo es propiedad de la Nación y el licenciamiento está en manos del gobierno nacional central.