La afirmación la hizo el jefe del ministerio Público en un documento presentado a la Cámara Colombiana de la Infraestructura.

En el congreso anual de dicha organización, que se lleva a cabo en la ciudad de Cartagena, se hizo público el texto en el que el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado aseguró que el problema de la corrupción en la contratación de obras no puede limitarse a un simple problema de gerencia pública, ya que este tiene diversos aspectos de orden administrativo y social.

"Este no es un simple problema legal, es mucho más amplio, no hay políticas públicas de gestión contractual del Estado para combatir la corrupción", indicó al hacer su intervención ante numerosos empresarios del sector agrupados en el congreso de la CCI.

En la opinión del procurador, existe una avalancha de actos corruptos en el país que merecen castigo contundente y ejemplarizante, en el que se respete el debido proceso, pues “el que la hace, la paga”.

A pesar de no haberse referido a un hecho en particular, el funcionario consideró que no existe cosa que más deslegitime al Estado que no actuar con contundencia a la hora de combatir a quienes defraudan los recursos públicos.

En tal sentido, fue claro al decir que existe en esos casos una “democratización”, ya que el sector privado, en sus palabras, es tan corrupto como el público, y que adicionalmente existe en el país una cultura de la ilegalidad que debe cesar.