La supresión de la Auditoría General de la República a raíz de la creación del tribunal de aforados, como lo propuso el Gobierno en el proyecto de equilibrio de poderes y así lo ha aprobado el Congreso hasta el momento, revive la polémica ahora que desde esta semana arranca la segunda vuelta de esta reforma constitucional. 

En una misiva que dirigió al Congreso la auditora General, Laura Marulanda,  señaló la inconveniencia de esta iniciativa. “Es clara la inconsistencia jurídica de la propuesta de que sea el tribunal de aforados el que ejerza la vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría General de la República, pues el espíritu de dicha reforma y de la creación de aquel tribunal de aforados, como su nombre lo indica, es el de crear una instancia independiente y autónoma, con un talante judicial, para investigar y acusar a los altos dignatarios del Estado que hoy se encuentran sometidos a dicha investigación por la Comisión de Acusaciones”.

Señala la Auditora General que una modificación en este sentido “implicaría también en la práctica asignarle al tribunal de aforados una competencia técnica que no es propia de sus funciones naturales, esto es la de ejercer un control fiscal integral sobre la Contraloría”.

El senador Germán Varón (Cambio Radical) se mostró de Acuerdo con que no desaparezca la Auditoría General, “creo que el tribunal de aforados hace una vigilancia sobre funcionarios de alto nivel, y en modo alguno puede entrar a hacer la auditoría de una entidad como la Contraloría. Me parece que es necesario que siga existiendo”.

El Parlamentario consideró que la estructura y funciones que se entregan en el proyecto de equilibrio de poderes al tribunal de aforados  no dan para pensar que tenga la capacidad para hacerle seguimiento administrativo a la Contraloría.

En tanto que la representante a la Cámara, Angélica Lozano, coincidió en que “no estoy de acuerdo con que se elimine, esto lo promueve directamente el Contralor General, creo que el tribunal de aforados está para lo penal”.

Por eso dijo que eliminar la Auditoría General es dejar la “Contraloría al garete absolutamente. Ya es bastante débil la Auditoría, lo que hay que hacer es fortalecerla, no eliminarla”.

Por otra parte, el excontralor Antonio Hernández Gamarra se abstuvo de terciar en el debate sobre la supresión o no de la Auditoría General, sin embargo y acudiendo a la experiencia que vivió en el cargo dijo que no hay claridad en los límites de las funciones de esta entidad.

“Mi experiencia me dice que desafortunadamente la figura de la Auditoría y de la Contraloría no ha sido una relación pacífica, siempre se han presentado discordias porque ha habido auditores que han pretendido ser el órgano de cierre del tema fiscal, y entonces tratan de hacer un control más allá de lo estrictamente para dar instrucciones sobre la manera de hacer el control, y eso ha generado toda suerte de problemas. Los tuve con algunos de los auditores”.