¿Se requieren normas antimonopolio en servicios públicos? | El Nuevo Siglo
Sábado, 8 de Septiembre de 2012

Que lacomunidad en general sea la directa beneficiada con la entrada al mercado de la nueva tecnología para telefonía celular e Internet, es el objetivo de abrir el debate sobre la próxima subasta de 4G.

 

Así lo explicó el senador Juan Mario Laserna, del Partido Conservador: "Nos tomaremos el tiempo necesario para debatir y así despejar todas las inquietudes con el objeto de que los participantes, como la comunidad en general, tengan la suficiente información del proceso que marcará historia en el país, puesto que se trata de aplicar la última tecnología para la modernización de los medios electrónicos del territorio nacional".

 

Tanto a Laserna como a Jorge Enrique Robledo, senador del Polo Democrático, les preocupa que la posición dominante de compañías como Claro impida el libre acceso de toda la población a la tecnología a precios bajos, por lo que esperan que dicha multinacional mexicana quede excluida de la subasta.

 

“El problema de Colombia es que no hay competencia y realmente cuando uno ve todos los textos de economía, hay todas las condiciones naturales para un monopolio natural”, comentó Laserna, agregando que “necesitamos una legislación antimonopolio de verdad para servicios públicos. No conozco el primer texto de economía que diga un monopolio es bueno”.

 

Es que “acá no es solo el problema de los competidores, sino el problema de las empresas públicas”, precisó Robledo.

La senadora Piedad Zuccardi, codirectora del Partido Social de Unidad Nacional (La U), coincidió con Laserna y Robledo sobre la revisión que debe tener la legislación existente antimonopolio; sin embargo, considera que se debe trabajar con la actualmente vigente para defender la seguridad jurídica.

 

“Ahora no podemos sacar adelante este tipo de propuestas porque no alcanzaríamos por las implicaciones de un procedimiento legislativo. Pero para eso está la regulación. En un mercado que puede ser imperfecto, nosotros tenemos que darle el mayor valor al derecho que tiene el Estado colombiano de regular el mercado, precisamente para proteger al consumidor”, añadió.