Hasta mañana tiene el Estado colombiano para presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sus observaciones por la denuncia del senador Iván Cepeda por la supuesta violación de sus derechos políticos, con miras a definir la admisibilidad o no de la solicitud del 24 de enero de 2014 que impetró el Parlamentario del Polo Democrático.

El Legislador de la oposición puso en conocimiento el caso ante este organismo de OEA integrante del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, alegando además de la vulneración a los derechos políticos, de igual forma a la integridad personal, a las garantías judiciales, al derecho de igualdad ante la ley y a la protección judicial, así como por faltar al deber de adoptar disposiciones de derecho interno  garantizados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Lo anterior, en razón de los procesos disciplinarios iniciados por la Procuraduría General de la Nación contra Cepeda Castro, uno de carácter preliminar que fue abierto en el primer semestre de 2013 por presunta extralimitación de sus funciones en el acompañamiento que dio a campesinos para el  retorno a la finca Las Pavas.

Esta investigación fue producto de la queja que presentaron ante el Ministerio Público, industriales palmeros que desarrollan su actividad en estas tierras en disputa.

La otra investigación que adelanta la Procuraduría General fue abierta de forma formal en agosto de 2013 por las supuestas faltas disciplinarias de abuso de la función pública y fraude procesal en que habría incurrido Cepeda, tras poner en conocimiento de las autoridades y del propio Congreso denuncias que obtuvo de paramilitares en prisión sobre supuestos vínculos del ex presidente Álvaro Uribe Vélez y su familia con grupos paramilitares.

La queja disciplinaria fue radicada por el abogado Jaime Granados Peña, presentada en su condición de apoderado legal de Uribe Vélez, indicando que Cepeda, en ese entonces representante a la Cámara, asumió funciones que le corresponden única y exclusivamente a la Fiscalía General de la Nación, tales como investigar la comisión de supuestas conductas y recibir testimonio, lo que constituye en su opinión un claro abuso de la función pública.

De igual forma, argumenta Granados en su queja ante el Ministerio Público que dichos testimonios son falsos y su remisión a las autoridades por parte de Cepeda está orientada a obstruir y engañar a la justicia para que se tomen decisiones contra el expresidente, lo cual en su concepto constituye un fraude procesal.

Por su parte, en la demanda que presentó ante la CIDH el apoderado de Cepeda argumenta que las actuaciones del Parlamentario corresponden al ejercicio de su obligación constitucional de control político, especialmente por el acompañamiento realizado a las comunidades víctimas de despojo que han retornado a la hacienda Las Pavas y por poner en conocimiento de las autoridades competentes las denuncias por paramilitarismo que pesan contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Pretensiones

El 17 de marzo pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio tres meses al Gobierno colombiano para que presente sus observaciones frente a la denuncia que radicó Iván Cepeda Castro, quien solicita ante este organismo quedeclare que el Estado de Colombia ha violado en su caso disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanossobre los derechos políticos y los derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales, al derecho de igualdad ante la ley y a la protección judicial.

Igualmente, el Parlamentario del Polo Democrático Alternativo pide  quela Comisión ordene al Estado colombiano tomar las medidas legislativas para adecuar su ordenamiento interno a obligaciones derivadas de la Convención, en el sentido de derogar la facultad que tiene el Procurador, como autoridad administrativa, de inhabilitar a las personas para el ejercicio de cargos políticos de elección popular en la administración pública.

Además, que se repare integralmente a Iván Cepeda Castro por los supuestos perjuicios morales y materiales que la conducta del Estado le habría ocasionado y que se ordene al mismo restablecer todos los derechos supuestamente vulnerados hasta el momento.