El desplazamientoselectivo e individual en los últimos tres meses, propiciado por las estructuras ilegales autodenominadas La Empresa, al servicio de Los Rastrojos, y por Los Urabeños, situación que se ha extendido a otras comunas de este municipio, fue denunciado por la Defensoría del Pueblo.

De acuerdo con el organismo humanitario, al desarraigo presentado el pasado miércoles en la comuna 12 se suma el registrado en días anteriores.

“Los desplazamientos de manera selectiva e individual, el desplazamiento masivo ocurrido el miércoles es una de las expulsiones de población más elevada en un solo evento violento de las que se tenga registro en el país, ya que según datos de la Personería Distrital, afectó a 629 familias de los barrios Viento Libre, Alfonso López, La Calle Ramiro y El Puente de los Nayeros (cuyo nombre alude al lugar donde se asentaron las víctimas de la masacre del Naya en 2001, victimizadas de manera recurrente por el conflicto desde entonces)”, dijo el defensor Jorge Armando Otálora.

Añadió que “a este evento hay que agregar que durante los 10 primeros meses de 2013 se habían hallado 8 víctimas desmembradas en esa localidad del Pacífico colombiano. Por su parte, el Instituto de Medicina Legal ha registrado 63 homicidios, mientras que en el Registro Nacional de Desaparecidos se reporta 71 casos de presuntas desapariciones forzadas y de 94 casos de desapariciones catalogadas como no forzadas en Buenaventura, siendo los barrios El Centro, Juan XXIII y Piñal, los más afectados en esta vigencia”.

También se suma el fenómeno del reclutamiento forzado de menores, el cual de acuerdo con las quejas recibidas por el Ministerio Público desde el mes de mayo de 2013 registra ocho casos contra niños y adolescentes en la Comuna 12, particularmente en los barrios Ciudadela Nueva Buenaventura, El Progreso, Independencia, Nueva Floresta, Campo Alegre, Vista Hermosa, Unión de Vivienda Popular.

Ante esta nueva y repetitiva crisis humanitaria, el Defensor del Pueblo señaló que “la violencia ejercida por los grupos armados ilegales en el Distrito de Buenaventura, pone en grave riesgo la salvaguarda de los derechos humanos de la población”.

Indicó, además, que “el Estado tiene la obligación de adoptar todas las medidas de carácter político, social, y económicas, para evitar el menoscabo de los derechos fundamentales de la población por el accionar de los grupos ilegales, sobre todo, cuando ha sido informado de manera reiterada de las situaciones de riesgo para una comunidad; no hacerlo, lo lleva a incumplir compromisos internacionales en la materia”.

Cabe recordar que mediante comunicación escrita del 28 de octubre de 2013, el Defensor del Pueblo le solicitó a los Ministros del Interior y de Defensa, fortalecer los dispositivos de seguridad en Buenaventura y adoptar medidas eficaces de carácter integral que permitan la protección de los derechos de las comunidades en riesgo.