Un juicio indígena a guerrilleros de las Farc por el asesinato de dos aborígenes encendió el debate esta semana sobre la autonomía que los nativos del país tienen en sus reservas, donde cuentan con autoridades propias e imparten justicia a su manera.

Una asamblea de la etnia nasa en el municipio de Toribío, departamento del Cauca, donde se encuentran muchos de los más de 600 resguardos indígenas del país, condenó el domingo a siete insurgentes, todos indígenas y entre los que hay dos menores de edad, a penas que van desde 20 latigazos y reclusión preventiva hasta 60 años de cárcel.

La sanción contra los miembros de las Farc fue elogiada en las redes sociales por varios líderes de opinión, que la calificaron de "eficaz, rápida y justa" pero criticada por la oficina de la ONU en Colombia.

Hubo "un deseo de ver que los crímenes que han sufrido los indígenas se resuelvan a través de justicia, pero esos deseos se deben balancear con el pleno respeto de los derechos humanos", dijo el lunes Fabrizio Hochschild, coordinador residente de las Naciones Unidas en Colombia.

En el juicio, una comisión investigadora presentó a las autoridades indígenas un informe de los hechos y a su vez, los líderes de los cabildos del Cauca lo pusieron a consideración de centenares de miembros de la comunidad en una asamblea para determinar la sanción, en presencia de los acusados.

Sin embargo, para Hochschild, un debido proceso implica "el derecho a la defensa, que la investigación se haga por parte de una entidad independiente, que haya una segunda instancia para la apelación".

La Constitución colombiana brinda a las autoridades indígenas jurisdicción sobre su territorio, salvo si sus decisiones contravienen la Carta Magna.

Pero la diversidad de grupos nativos supone una multiplicidad de sistemas jurídicos. "Como en Colombia hay 102 pueblos indígenas, hay 102 sistemas jurídicos diferentes, con su propia cosmovisión", dijo a la AFP Rodolfo Vega, asesor jurídico de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

- Más flexible - 

Para que un juicio indígena sea reconocido oficialmente deben cumplirse ciertas condiciones, indicaron expertos.

Es necesario un proceso donde la persona haya podido defenderse y las penas estén previamente establecidas, aseguró el abogado penalista de la Universidad del Rosario, Francisco Bernate, quien agregó que no debe apelarse a la tortura ni imponerse la pena de muerte, prohibida en Colombia.

Además, los hechos deben haber ocurrido en territorio aborigen, los implicados deben ser de la misma etnia y la comunidad nativa debe contar con instituciones judiciales establecidas, salvo excepciones que corresponde dirimir al estatal Consejo Superior de la Judicatura.

Así, el concepto del debido proceso se vuelve más flexible.

"No se puede exigir que cada persona tenga un abogado calificado. Aquí el punto es que la condena sea previsible. Es una derivación del debido proceso", afirmó Diana Carrillo, abogada constitucionalista experta en jurisdicciones indígenas de la Universidad Nacional.

En la asamblea de la comunidad nasa, la defensa de los acusados estuvo a cargo de ellos mismos y en el caso de los menores de edad, sus familiares hablaron en su nombre frente a los más de 3.000 representantes de la etnia.

Las FARC, principal guerrilla de Colombia con unos 8.000 combatientes según cifras oficiales, reconocieron los homicidios, aunque afirmaron en un comunicado que la mayoría de los detenidos son "inocentes".

Fuentes indígenas aseguraron a medios locales que para revisar la sanción, tendrían que reorganizar una reunión similar, algo poco probable.

"En la justicia ordinaria también encontramos procedimientos que carecen del recurso de apelación", apuntó Bernate. "Por ejemplo, los funcionarios aforados, como congresistas o ministros de despacho, son juzgados en única instancia por la Corte Suprema de Justicia".

En Colombia, las reservas indígenas ocupan un 30% del territorio nacional, según la ONIC, y la población indígena alcanzaba 1,4 millones de personas, de acuerdo con el último censo de 2005.