Se corrompió la sal. Cunde el mal ejemplo inconstitucional en la parte considerativa de una sentencia del 9 de agosto de 1995, proferida en relación con la constitucionalidad del artículo 31 del Decreto 2400 de 1968. La Corte Constitucional, a instancias del exmagistrado Fabio Morón, se inventó la peregrina tesis de que, por ser un órgano creado en la Constitución Política del 91, para sus miembros no había edad de retiro forzoso. De ese modo dicho magistrado siguió en la Corte superados en exceso los 65 años. Con esa misma tesis, aplicada en el auto del 19 de octubre de 2005, que decidió una recusación, el exmagistrado Marco Gerardo Monroy Cabra se quedó en la Corte casi hasta los 70 años.
El mal ejemplo cunde. Y siguiendo ese mal ejemplo, los magistrados Jorge Iván Palacio y Nilson Pinilla, quienes hacen parte de lo que el diario El Espectador llama “un carrusel de Altas Cortes”, pues pasaron de la Corte Suprema de Justicia a la Corte Constitucional, estando impedidos, el primero por estar cerca de los 65 años y el segundo próximo a los 70, están conociendo de la revisión de una tutela que debe ratificar si, en virtud del derecho a la igualdad, la edad de retiro forzoso para los magistrados de Altas Cortes debe ser la misma, y si mientras el legislador la fija, esos magistrados permanecerán en los cargos hasta que cumplan el período constitucional de ocho años, para el que fueron elegidos, que es lo que dice el fallo que revisan. Como dicen en Tuluá, tras de cotudos, con paperas.
No les da vergüenza. ¿Será que a estos juristas les quedó gustando el carrusel, y están preparando el terreno para pasar al “Conejo Superior de la Jubilatura”, en el que por “analogía” a sus miembros los cobija la misma tesis que, respecto de la edad de retiro forzoso favorece a los integrantes de la Corte Constitucional, como un privilegio inexplicable y despótico de una Corte que se pretende garantista o especie de órgano Superior, en donde ahora anida el páter familia de la “Justicia en Colombia”, el sucesor auténtico de Rafael Núñez, el magistrado Ricaurte, el mismo que presidió la Suprema Corte y que ahora volverá a manejar a su antojo los hilos de la “justicia” colombiana y abrirle así un espacio más al verbo prolífico de “Tarquino, El grande”, eminente jurista que nos iluminó con sus oportunas intervenciones sobre la famosa reforma a la justicia.
Comisión de Acusación tiene la palabra. A todas estas ¿No es tiempo de que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes estrene la fuerza de voluntad y revise la conducta de estos magistrados? Que revise el artículo 233 de la Carta, desarrollado por la Ley 270 de 1996; que revise la regla interna de la Corte Constitucional dictada desde 1995, en donde sus integrantes pueden permanecer en sus cargos después de cumplir 65 años