Se calienta clima social en el país | El Nuevo Siglo
Jueves, 2 de Junio de 2016

Un nuevo clima de agitación social se está configurando en el país en los últimos días, lo que hizo que esta semana confluyeran el paro agrario indefinido y el paro ayer de un día por parte de los maestros. También hay marchas indígenas en diferentes regiones en protesta por supuestos incumplimientos de los acuerdos.  El Gobierno nacional ha señalado que es respetuoso del derecho a la protesta, sin embargo, considera que en la mayoría de los casos es injustificada porque siempre ha estado abierto al diálogo.

 

También en Bogotá hay agitación entre los empleados temporales  del Distrito porque con  la nueva administración de Enrique Peñalosa han salido cerca de 3 mil personas y se dice que en los próximos días, una cifra parecida correría la misma suerte en las diferentes secretarías y entidades.   

 

En tanto que no cesa la agitación por parte de los taxistas en diferentes ciudades del país por la operación de la plataforma Uber, la cual ven como una competencia ilegal porque este servicio no ha sido regulado.

 

Tras su llegada inicialmente a Bogotá y Medellín, de a poco Uber se ha extendido a ciudades intermedias, como se ha visto en los últimos días en el Eje Cafetero, en donde en Pereira los taxistas han protestado.

 

La reciente resolución que expidió el Ministerio de Transporte autorizando el servicio individual de lujo parece no haber llenado las expectativas de los taxistas ni del mismo Uber, que por su parte espera que  sea regulado el servicio privado de transporte a través de plataformas tecnológicas.

 

El lunes anterior arrancó en la mayor parte del paísel paro que convocó la Cumbre Agraria  para protestar por el supuesto incumplimiento del Gobierno nacional de los acuerdos a los que se comprometió para que fuera levantado el paro de las dignidades agropecuarias en 2013.

 

El Gobierno nacional lamentó la ocurrencia de este paro agrario porque aunque puso de presente que “respeta el derecho que tienen los ciudadanos y sus organizaciones a desarrollar la protesta social y ofrece garantías plenas para la misma”, dijo que la misma no se justifica porque  “jugándose todo por la paz y la reconciliación, el Gobierno no ha ahorrado esfuerzos para cumplir los compromisos suscritos en 2013, muestra de ello fue la instalación de la Mesa Nacional, la cual, hasta el día de hoy, ha realizado 18 reuniones plenarias, 5 mesas regionales, que incluyeron 75 reuniones (Arauca, Antioquia, Catatumbo, Cauca y Sur de Bolívar)”.

 

Como consecuencia de los acuerdos logrados en este espacio, se han comprometido más de 250 mil millones de pesos, asegura el Ejecutivo.

 

De igual forma, el Ministerio del Interior explicó que “durante este año se ha desarrollado, al más alto nivel del Estado, un seguimiento a las garantías para los integrantes de organizaciones de defensores de derechos humanos y organizaciones políticas y sociales que ejercen la protesta social. El Ministerio del Interior reafirma el compromiso de seguir con la tarea de incrementar las garantías a esta población”.

 

En el año 2013, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos enfrentó una de las protestas sociales más grandes durante sus dos mandatos adelantada por las llamadas Dignidades Agropecuarias, en la que participaron cerca de 20 mil campesinos dedicados a diferentes cultivos que se fueron a paro por 53 días por la crisis en el sector rural, que según ellos los tenía aguantando hambre y endeudados con los bancos, tiempo durante el cual se produjeron bloqueos de vías y choques con la Fuerza Pública, que dejaron siete muertos y más de una decena de heridos.

 

Como consecuencia de esta movilización nació la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, de la cual hacen parte una serie de organizaciones de todo el país, la cual fue reconocida por el Gobierno nacional mediante el Decreto 870 del 8 de mayo de 2014 para adelantar la interlocución y el cumplimiento de los respectivos acuerdos.

 

Ayer 13 departamentos seguían afectados por el paro agrario, que en la primera jornada de la protesta el lunes los bloqueos en las vías fueron esporádicos, pero con el correr de los días vienen aumentando afectando el tránsito de pasajeros y de vehículos de carga.

 

Una de las vías taponadas es Medellín-Quibdó, en Antioquia. Además en este departamento hay concentraciones de campesinos e indígenas en los municipios del El Santuario, Barbosa, Necoclí y Turbo.

 

En tanto que en el departamento de Caldas por la Minga Indígena resultaron afectadas varias vías en su tránsito. Además se presentaron enfrentamientos con la Policía que dejaron como resultado un uniformado herido y dos detenidos.

 

En el departamento del Huila también se registraron enfrentamientos que dejaron cinco heridos entre la Policía y los manifestantes en el sitio conocido como el Puente El Pescador, en donde permanecen concentrados campesinos e indígenas participantes en el paro agrario.

 

En Norte de Santander se vieron afectadas varias vías y también por las marchas y los bloqueos  se redujo en un 60% el transporte público en la vía que comunica Cúcuta con Tibú y la provincia de Ocaña.

 

Frente a estos hechos ayer el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, hizo un llamado  a las comunidades indígenas para que “cesen actitudes agresivas y violentas” que afectan la movilidad del país, especialmente en la vía Panamericana que comunica a Cali con Popayán.

 

“Comunidades indígenas del Cauca han acudido a vías de hecho y están saboteando el paso de la vía Panamericana pinchando vehículos y lanzando piedras. Lamentamos y rechazamos esa actitud porque el Gobierno ha estado dispuesto al diálogo”, puntualizó Cristo.

 

El jefe de la cartera del Interior también informó que se convocó a la mesa única nacional de la Cumbre Agraria para revisar con los ministros los avances de los acuerdos entre el Gobierno y la cumbre.

 

De espalda al campo

El presidente Santos reconoció ayer que el país ha estado durante muchos años de espalda al campo, sin embargo, puso de relieve que su administración desde un principio ha buscado superar esta inequidad.

 

“Colombia tiene una deuda infinita con el campo, llevamos 220 años desde que prácticamente nos convertimos en una República, y con el campo abandonado, el campo atrasado”, dijo.

 

De igual forma puso de presente que el primer punto de los acuerdos de La Habana tiene que ver con el desarrollo rural. “No es como algunos dicen, que es que vamos a expropiar a los que están produciendo en el campo. No, lo que se acordó fue invertir más en el campo, más vías terciarias para que los campesinos puedan sacar sus productos con mayor facilidad, más inversiones en colegios, en puestos de salud, en proyectos productivos”.

 

En referencia al paro agrario que se adelanta, el presidente Santos Calderón dijo que “yo sé que hace falta mucho, que hay muchas necesidades en el campo, hay gente inconforme. En este momentos muchos están protestando en varias regiones del país, y están en todo su derecho, a ellos les pido excusas si no les han llegado los recursos que necesitan”.

 

Sin embargo, el Presidente de la República aseguró que a la mayoría de los campesinos sí les han llegado los recursos que ha dispuesto su administración para este sector, y se comprometió con lo que falta.

 

Santos Calderón se ha mostrado en esta oportunidad  muy cauto en sus expresiones sobre la protesta de los campesinos del país, después de que él mismo reconoció que se equivocó en 2013 al señalar que  “el tal paro nacional agrario no existe”.

 

Protesta de educadores

Más de 300 mil docentes que prestan sus servicios al Estado pararon ayer en todo el país dejando sin clase a más de 5 millones de estudiantes, en protesta por las dificultades que afrontan con la prestación del servicio de salud.

 

Esta jornada tuvo como principal eje la exigencia por un mejor servicio de salud para el magisterio y sus familias, “ya que fue un compromiso por parte del Gobierno el año pasado y no se ha cumplido. A la fecha, el Gobierno nacional no ha planteado soluciones a la crisis que se manifiesta en retrasos para entrega de citas, negación de tratamientos y demoras en cirugías, entre otras deficiencias”, aseguró Fecode.

 

Agregó la organización sindical que por el contrario, el representante del Ministerio de Hacienda ante el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio propuso eliminar el plus, que son los aportes por unos 400 mil millones de pesos que aseguran lo ‘especial’ del régimen.

 

Ayer en la tarde el Comité Ejecutivo de Fecode sostuvo reuniones con el Ministerio de Educación y el Ministerio del Trabajo a la espera de concreción de salidas a esta problemática; y solicitó una audiencia al Presidente de la República. De lo contrario, advirtió, podría plantearse un Paro Nacional Indefinido de mayor envergadura.

 

Empleados del Distrito

Incertidumbre laboral hay en Bogotá entre los trabajadores al servicio del Distrito por la decisión de la administración del alcalde Enrique Peñalosa, al no renovar buena parte de los contratos de empleados temporales que dejó habilitados el gobierno de Gustavo Petro.

 

“La planta de personal de las entidades distritales se encuentra congelada desde hace más de dos décadas mientras las obligaciones legales y sociales han venido creciendo de una manera importante, pese a esta circunstancia en la administración Mockus fueron despedidos cerca de 30 mil empleados públicos en aplicación ilegal de la Ley 617 de 2001 (Ley de Ajuste Fiscal); por estas razones las nuevas obligaciones han venido siendo desarrolladas por supernumerarios, contratistas, temporales y outsourcing, etc.; violando de esta manera el Decreto 1042 de 1978 y la Ley 909 de 2004, entre otras, donde se obliga a la administración pública a que las funciones permanentes y misionales sean desempañadas por personal de planta”, indicó la Central Unitaria de Trabajadores.

 

Esta organización sindical aseguró que durante la administración Peñalosa se han despedido este año cerca de 3 mil trabajadores de los 22 hospitales y de las secretarías de Integración Social y Educación, con el agravante de la inminente salida de trabajadores en los próximos 40 días, así: Secretaría de Educación, 600; Secretaría General, 1.000; Secretaría de Hacienda, 100; Secretaría de Cultura y Turismo, 300; Idartes, 200; Idipron, 230; Secretaría de Movilidad, 1.000; Secretaría de Planeación, 80; Caja de Vivienda Popular, 126; Secretaría de Hábitat, 311.

 

Este sábado está programada por convocatoria de la CUT una reunión de empleados distritales de planta, provisionales, temporales y contratistas para analizar la estabilidad laboral en el Distrito y la definición de una estrategia en defensa del trabajo y por la ampliación de las plantas de personal.

 

Frente común

A pesar de que varios paros y movilizaciones de trabajadores confluyen por estos días, lo cierto es que algunas de las organizaciones sindicales que los representan han tenido acercamientos que les ha permitido fijarse propósitos comunes de trabajo en defensa de los intereses laborales y contra las políticas económicas del gobierno de Santos, que tuvo su principal manifestación hasta ahora con el paro nacional del pasado 17 de marzo.

 

A principios de este año estas organizaciones lograron reactivar el Consejo Nacional Unitario, que en la práctica significa el funcionamiento unificado de las centrales obreras y de pensionados. A ello se sumó la llegada de partidos alternativos como el Polo.

 

Esto ha facilitado que haya muchas unidades para la movilización. De ahí salió el paro del 17 de marzo pasado y la lucha que han dado trabajadores de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá para evitar su privatización, también el apoyo a las reclamaciones por estos días de los maestros de todo el país.

 

El Consejo Nacional Unitario también está apoyando el paro agropecuario y a Dignidad Agropecuaria en la recolección de firmas para el referendo por el agro.

 

De igual manera se conoció que para el próximo 8 y 9 de julio hay un encuentro de organizaciones sociales y políticas, donde se espera establecer una fecha para un paro nacional en el segundo semestre de este año, fundamentalmente contra la  reforma tributaria, que contemplaría gravar con 5% de IVA la mayoría de la canasta familiar.