La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tumbó un proceso que se adelantaba en contra de 30 guerrilleros por la toma a Dolores, Tolima, en 1999, tras considerar que a los implicados no se les garantizó el derecho a su debida defensa.

 

En la decisión, el alto tribunal revocó las órdenes de captura contra los subversivos y, además, declaró la libertad para tres guerrilleros que habían sido condenados a 38 años de prisión por estos hechos.

Según la Corte Suprema, se presentaron graves irregularidades y negligencia por parte de los defensores públicos que tenían la obligación de defenderlos, razón por la cual violaron el derecho al debido proceso y defensa de los implicados.

En la toma de Dolores fueron asesinados un civil y un agente de la Policía Nacional.