La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá tumbó definitivamente el preacuerdo al que habían llegado cuatro beneficiarios de multimillonarios subsidios del programa Agro Ingreso Seguro con la Fiscalía.

Dicho preacuerdo, había sido rechazado por el juez 54 de conocimiento el pasado 31 de enero al considerar que se incurrieron en fallas del proceso.

En la decisión judicial se aclara que las penas, de entre 20 y 22 meses de prisión, que iban a pagar Juan Manuel Dávila, María Clara Fernández de Soto y Ana María Fernández de Soto, “eran irrisorias” debido a la gravedad de los hechos.

Los involucrados, procesados por los delitos de peculado y falsedad de documento privado, habían reintegrado 2.400 millones de pesos que habían recibido de subsidios de riego y drenaje para sus fincas en Magdalena.