Desde hace  seis semanas no hay día en que el fallo disciplinario que ordenó la destitución e inhabilidad del alcalde Gustavo Petro, sanción que hoy se encuentra suspendida, no genere polémica.

Esta semana, por ejemplo, siguió la controversia en torno a si está bien que los defensores de la permanencia del burgomaestre en el cargo hayan tomado como estrategia el interponer un alud de acciones de tutela en distintos juzgados y tribunales. Mientras que los impulsores de las normas sostienen que tienen derecho a acudir a los mecanismos que la ley les otorga para replicar un fallo que consideran injusto, los críticos sostienen que hay un abuso del recurso de amparo y es necesario, por tanto, proceder a una reforma urgente del mismo.

Ayer el jurista, exmagistrado y exconstituyente Hernando Yepes dijo que lo que está sucediendo alrededor del caso Petro y la sobreutilización de la acción de tutela es una muestra para ver “los rumbos equivocados” que ha ido tomando este mecanismo.

Advirtió, en declaraciones a W radio, que al usar la tutela con fines políticos “desviaron el objetivo de defender los derechos fundamentales”.

Por lo mismo, urgió reformar este recurso de amparo para evitar que el importante instrumento termine “desprestigiándose por uso irracional”.

Ayer terció en el debate por el llamado “tutelatón” contra el fallo de la Procuraduría, el propio alcalde Petro.

A través de su cuenta twitter, el mandatario capitalino se preguntó: “¿abuso de la tutela por parte de la ciudadanía o abuso del poder contra los derechos fundamentales de la ciudadanía? Democracia ya”.

En otro trino agregó que el “miedo a la tutela es el miedo a la Democracia. El miedo a que la ciudadanía defienda sus derechos fundamentales”.

Por ahora no queda más que esperar a que, al final de cuentas, sean los máximos tribunales (Consejo de Estado y Corte Constitucional) los que terminen estableciendo si se presentó o no un abuso de este recurso de amparo y quién tenía la razón.