No hay consenso entre los expertos judiciales, sobre si debe ser el Procurador General o el Consejo de Estado quien investigue y sancione a los congresistas, después que se desatara una polémica en ese sentido por las destituciones que ha decretado el jefe del Ministerio Público contra algunos legisladores.

Sin embargo, será el Congreso de la República quien tendrá la última palabra en esa discusión, cuando aborde un proyecto radicado por el Partido Liberal y que contempla dejarle esa facultad exclusivamente al Consejo de Estado.

EL NUEVO SIGLO consultó a ex procuradores y ex consejeros de Estado para saber cuál debe ser el órgano idóneo encargado de disciplinar la función legislativa.

El exprocurador y exfiscal Alfonso Gómez se mostró de acuerdo con la iniciativa liberal de quitarle la facultad al Procurador General de investigar a los legisladores.

“Desde luego estoy de acuerdo con la propuesta del Partido Liberal, es un tema que hay que analizarlo, no desde el punto de vista del actual Procurador, que es una persona que me merece todo el respeto, quien seguramente no va hacer uso indebido de esa facultad, sino pensarlo hacia el futuro”, dijo.

El ex director del ente investigador señaló que la Constitución no puede tener dos órganos que realicen la función de disciplinar a los congresistas.

“En la gran mayoría del mundo, las personas popularmente elegidas, no pueden ser investigadas sino a través de mecanismos políticos o jurídicos y no por la vía disciplinaria. Yo creo que para eso está precisamente el proceso de pérdida de investidura en el Consejo de Estado, y parecería que la Constitución no podría tener dos mecanismos contradictorios, porque sobre el mismo caso podría haber una decisión de un lado del Procurador y en otro sentido del Consejo de Estado sobre el mismo punto”, afirmó.

Según Gómez, “se puede aprovechar la coyuntura para que constitucionalmente se defina si se deja en manos del Consejo de Estado o de la Procuraduría, pero lo que no pueden es coexistir los dos sistemas. En el caso del Consejo de Estado hay que pensar además una graduación de la sanción y también en un proceso de doble instancia”.

El también exprocurador general Carlos Gustavo Arrieta defendió el actual sistema, donde el Procurador investiga y sanciona, y posteriormente el Consejo de Estado puede revisar esa decisión.

“Lo defendí en una época y creo que sí es función del Procurador investigar y sancionar congresistas, creo que tiene las atribuciones para hacerlo, y debería hacerlo”, dijo.

Sin embargo, el exjefe del Ministerio Público fue enfático en señalar que “las decisiones del Procurador nunca son de única instancia, porque estas son administrativas, y esa decisión, cualquiera que sea, tiene que estar sometida al control de legalidad, es decir esa decisión puede ser revisada por el Consejo de Estado”.

El exmagistrado Ramiro Saavedra aseguró que el Consejo de Estado no debe tener la facultad disciplinaria sobre los legisladores: “A mí en principio no me parece que el Consejo de Estado deba tener facultades disciplinarias, aunque si se refiere a la competencia para conocer del acto administrativo, esa sí debe tenerla, pero no me parece la facultad sancionatoria, esa no es función del Consejo”.

“Lo que pasa es que el Consejo de Estado lo que hace es conocer el acto administrativo, aparte de la otra facultad que es la pérdida de investidura. A mí me llama la atención, porque cuando el Procurador fue elegido, una de las primeras cosas que dijo es que la Procuraduría no debía tener funciones de control, o de sanción de la función legislativa. Yo creo que él tiene razón, en que si el Congreso es quién elige al Procurador, es muy complicado que tenga la facultad de investigar a los congresistas”, afirmó el exmagistrado.