Las diferencias económicas y sociales entre las distintas regiones del país así como su poder adquisitivo, ha llevado a que en distintos círculos se esté ventilando la posibilidad de acabar con el salario mínimo general por un salario mínimo regional que esté acorde con la realidad de los departamentos.

Precisamente, una propuesta de Fedesarrollo se está abriendo paso entre analistas, funcionarios, sindicatos y gremios. La entidad investigadora publicó un informe sobre esta situación y lo lanzó para que la sociedad y los distintos entes lo debatan.

Indica la institución que “al realizar el análisis al interior del país también se revelan varios efectos negativos del actual sistema de fijación del salario mínimo. Las distintas regiones del país registran distintos niveles de sueldo medio: mientras el salario promedio en las 13 principales ciudades es casi dos veces el salario mínimo, en el resto de cabeceras urbanas es 1,5 veces y en el sector rural el salario promedio es igual al salario mínimo”.

Señala que en la medida que el salario mínimo esté más cerca del salario promedio es más probable que la población que tiene una productividad por debajo de la productividad promedio, presente dificultades consiguiendo un  empleo formal.

Indican que en buena medida, estas divergencias en el sueldo medio son producto de la unificación del salario mínimo urbano y rural con el propósito de reducir la brecha de ingresos entre el campo y la ciudad. El resultado fue ampliar las brechas, en vez de cerrarlas.

Sostienen los investigadores de Fedesarrollo que la tasa de informalidad en las 13 principales ciudades se ha encontrado en promedio más de 20 puntos porcentuales (pps) por debajo de la informalidad rural. En efecto, mientras que en las 13 principales ciudades el 30% de los asalariados ganan menos de un salario mínimo, dicha proporción es del 70% en el sector rural (sin cabeceras).

“Las disparidades en los salarios promedios entre el sector rural y urbano no solo son producto de las complejidades de hacer cumplir el salario mínimo: son un problema de diferencias de productividad. Solo cerrando esa brecha de productividad se puede llegar a disminuir la divergencia entre los ingresos. Entre tanto, imponer un salario mínimo general cuando la productividad rural está 50% por debajo de la productividad urbana es generalizar la informalidad en el campo, como en efecto ocurre”, aseguran.

Explican los analistas que un mecanismo alterno para medir el salario mínimo frente a la productividad de las regiones es comparándolo con su PIB per cápita: entre más alto sea el salario mínimo con respecto al PIB per cápita de la región, menor productividad dentro de esta.

Las regiones

En Bogotá, por ejemplo, el salario mínimo representa el 32% del PIB per cápita (similar a la relación que se observa en Chile entre el salario mínimo y el salario promedio), mientras que en Chocó el salario mínimo representa el 154% del PIB per cápita.

En efecto, las divergencias en productividad se ven evidenciadas en las tasas de formalización. La relación es clara: mayores proporciones del salario mínimo sobre el PIB per cápita están asociadas a menores tasas de formalización.

Adicionalmente, la existencia de un salario mínimo general compone otra problemática: no reconoce las diferencias, que suelen ser grandes, en el valor de la canasta de consumo entre las distintas regiones y áreas rurales; como tampoco contempla los crecimientos dispares en el valor de la misma.

De hecho, los trabajos de la Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad (Mesep) han registrado que los costos de vida divergen sustancialmente entre cabeceras urbanas y las áreas rurales.

Ingreso básico

Para el cálculo de la línea de pobreza, el Mesep mostró que el ingreso mínimo indispensable para una familia de cuatro personas para saciar las necesidades expresadas para no ser considerada pobre es de $828.000 en las cabeceras urbanas y de $494.000 en las áreas rurales. A saber, la cuantía de la canasta de consumo en las zonas rurales es de tan solo el 60% del valor en los cinturones urbanos.

De allí que la implementación de un salario mínimo regional, SMR, permitiría dar grandes avances en las problemáticas derivadas del salario mínimo general. De esta forma, ayudaría a que el salario mínimo en las regiones recobre su verdadera naturaleza de mínimo, aumentando de esta forma su efectividad en la distribución del ingreso y en la reducción de la pobreza.

Adicionalmente, colaboraría a que la población con productividad por debajo del promedio pueda acceder a un empleo formal, disminuyendo de esta manera los grandes niveles de desempleo e informalidad en las regiones en las cuales el salario mínimo compone en un gran porcentaje el salario promedio. Además, permitiría que los ajustes salariales tuviesen en cuenta las magnitudes y crecimiento del costo de vida de cada una de las regiones.

“Colombia debe discutir la posibilidad de dejar en cabeza de las autoridades locales la fijación de los salarios mínimos para cada región o ciudad del país, dentro de un rango definido a nivel nacional (en forma similar a como se determina la tasa del impuesto predial), permitiendo que en cada ámbito se distinga entre el salario mínimo urbano y rural”, sostienen los analistas.

Esta medida, que debe ser sujeta a una profunda deliberación, permitiría aportar a que la fijación de los mínimos legales tuviera presente las realidades del mercado y la capacidad efectiva de lograr una reducción significativa de la pobreza y la desigualdad.

Productividad

No obstante, la aplicación de un SMR coherente con las condiciones de cada región, presenta complejidades debido a que legalmente el salario mínimo no se puede disminuir. En ese contexto, se debe deliberar la posibilidad que las regiones con menores niveles de productividad y de costo de vida incrementen año a año su salario mínimo un poco menos que aquellas con alta capacidad productiva.

De esta forma, en un mediano plazo Colombia podría contar con verdaderos salarios diferenciales entre regiones que estimulen la contratación formal.

Fedesarrollo sostiene que si bien en los últimos años se han dado pasos en la dirección correcta, con la Ley de Formalización y Primer Empleo que diferencia el salario para los inexperimentados, y la Reforma Tributaria que disminuyó los costos no salariales en 13 puntos porcentuales, se puede dar otro avance mediante la constitución de un salario mínimo regional que incremente las posibilidades de un empleo formal a los trabajadores de menor productividad.

La evidencia internacional es clara afirmando que la obtención de un empleo formal es, muchas veces, el único camino hacia la superación de la pobreza para millones de personas.

Sistema actual

El diseño institucional colombiano establece que el incremento en el salario mínimo general sea negociado por tres agentes: el gobierno, los sindicatos de trabajadores y los gremios de la producción.

La negociación del incremento se encuentra regulada por la Ley 278 de 1996, directriz de la fijación anual del salario mínimo general, la cual establece varios parámetros a consideración: la garantía de una calidad de vida digna para el trabajador y su familia, la inflación presente, la meta de inflación del Banco de la República para el próximo año y los incrementos en la productividad y en el PIB.

En caso de no haber acuerdo entre las partes, el gobierno decreta el aumento del salario mínimo. Como consecuencia del arreglo institucional, el salario mínimo general ha sido incrementado en proporciones que han afectado la competitividad y desvirtuado su carácter de mínimo.

De hecho, en la última década el costo salarial en dólares de contratar a un trabajador por el mínimo (incluyendo los sobrecostos a la nómina) se incrementó  por encima del 270%, al pasar de 200 dólares en 2003 a 557 en 2012.

Este aumento del salario mínimo no solo afecta la competitividad, sino que también impulsa a buena parte de los ocupados al sector informal, en el cual suelen recibir salarios por debajo del mínimo legal. En ese sentido, el salario mínimo se ha constituido como un valor cercano al salario promedio de la economía.

En efecto, el salario mínimo como porcentaje del salario medio en Colombia es el más alto de los observados en la región. Distintos estudios han señalado que entre más alto sea el salario  mínimo como proporción del salario medio, menor será su capacidad de redistribuir el ingreso y reducir la pobreza.

De esta manera la norma colombiana se aísla parcialmente de la línea dada por la Organización Internacional del Trabajo que señala la conveniencia de alcanzar y mantener un alto nivel de empleo como uno de los parámetros fundamentales.

 

Constitución del salario

El salario mínimo en Colombia se constituyó legalmente en 1945,  pero solo hasta 1949 se hizo efectivo. Para entonces el salario mínimo tuvo un valor de 2 pesos diarios, los cuales a valor presente corresponderían a 7 mil pesos diarios ($210 mil mensuales).

La Ley estipuló que el gobierno, previo concepto de los patronos y trabajadores, podría señalar los salarios mínimos para cualquier región económica, actividad profesional o tipo de experiencia (edad), teniendo en cuenta los costos de vida, las modalidades de trabajo, las aptitudes relativas de los trabajadores y las capacidades económicas de las empresas.

De esta forma, hasta el primer trienio de la década de los 80, existieron distintos salarios mínimos: por departamentos, tamaños de empresa, experiencia (jóvenes menores de 16 años), por sector económico, entre otros.

La unificación del salario mínimo se basó en el propósito loable de defender a los trabajadores más pobres y a los del sector rural, pretendiendo mejorar por esa vía la distribución del ingreso. Sin embargo, los estudios empíricos sobre el salario mínimo sugieren que el impacto de dicha igualación ha sido el opuesto al deseado, generando mayor desempleo e informalidad con efectos negativos sobre los más pobres.

 

Comparaciones

La Cepal ha argumentado que los aumentos de salario mínimo en Brasil han sido un factor importante para explicar la notoria reducción de la pobreza y la desigualdad en ese país en la última década.

La diferencia en el efecto del aumento del salario mínimo en Colombia y Brasil se relaciona probablemente con el hecho de que en este último el salario mínimo lo reciben las personas de menores ingresos, mientras en Colombia una proporción muy grande de la población, principalmente pobres, no alcanza a obtener remuneraciones de dicha magnitud.