El Gobierno nacional se abstuvo de sancionar por motivos de inconstitucionalidad e inconveniencia el proyecto de ley que establece normas de protección y garantías a los usuarios de los servicios públicos, en particular en lo referente a los cobros por reconexión.

El proyecto de ley número 097/2015 Cámara y 120/2016 Senado, “por medio de la cual se establecen normas de protección y garantías contra abusos hacia los usuarios de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”, fue devuelto al Senado por medio de un mensaje del Jefe del Estado al Presidente de la corporación, Efraín Cepeda Sarabia.

Dicha iniciativa de ley tiene como objeto “complementar los instrumentos legales existentes para proteger, promover y garantizar el libre ejercicio de los derechos de los suscriptores y/o usuarios de los servicios públicos domiciliarios, así como amparar sus derechos fundamentales y sus intereses económicos a la luz de la jurisprudencia”.

El proyecto aprobado por el Congreso prohíbe a las empresas de servicios públicos cobrar por la reconexión y reinstalación del servicio de agua, gas o electricidad.

En el mensaje, el Ejecutivo argumenta que la norma vulnera el principio de solidaridad y constituye un factor de inequidad contra las personas que pagan oportunamente sus obligaciones.

Así mismo, recuerda que el proyecto legislativo aprobado por el Congreso sobre el mismo tema, fue devuelto a finales del año pasado por el Gobierno, consideraciones similares.

El Mandatario señaló en la misiva que “el Gobierno nacional estima necesario reiterar que lo más prudente es esperar que la Corte Constitucional adopte una decisión frente a las objeciones formuladas en el mes de diciembre de 2016”.

Reiteró que “solo hasta que esa Corporación se pronuncie sobre el particular se tendrá verdadera certeza sobre el alcance de las normas que fijan el cobro de los servicios de reconexión y reinstalación y, de esta forma, se podrá reglar el tema con la seriedad y la seguridad jurídica que el país necesita”.