Acelerar la sustitución de cultivos ilícitos pidió este sábado el presidente Juan Manuel Santos durante su visita a Tumaco.
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El mandatario, acompañado del vicepresidente Óscar Naranjo y varios miembros de su gabinete, encabezó un consejo de seguridad.
"La sustitución es una prioridad para Tumaco y para el gobierno", afirmó el mandatario, que no hizo mención de las protestas que adelantan desde el 28 de septiembre los campesinos, mayoritariamente afrodescendientes e indígenas, contra la erradicación forzada que, dicen, va en contravía de los acuerdos de La Habana que prevén el remplazo de los cultivos ilícitos en forma voluntaria y concertada.
Esas protestas dieron lugar a la matanza del 5 de octubre en la que murió un número indeterminado de cocaleros (mientras el Gobierno reconoce seis muertos, los cultivadores hablan de más de nueve, así como de medio centenar de heridos y desaparecidos) a manos de la fuerza pública, aunque en un comienzo se dijo que se trató de un ataque de disidencias de las Farc.
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De acuerdo con las organizaciones campesinas, los homicidios relacionados con esta problemática son cosa de todos los días. En medio de ese clima de crisis humanitaria, fue asesinado el martes a un líder social y un día antes dos dirigentes indígenas.
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"Con la paz, problemas que estaban sumergidos por debajo del conflicto armado están siendo visibilizados y nos corresponde resolverlos", señaló Santos al anunciar inversiones en salud, vivienda e infraestructura para Tumaco.
En Tumaco, admitió Santos, "las necesidades son muchísimo mayores a las capacidades del Estado de satisfacerlas en el corto plazo".
Santos ordenó el jueves la creación de una fuerza de tarea conjunta con componentes del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la Policía para fortalecer la seguridad en Nariño, como parte de una "intervención integral" en ese departamento.
Tumaco, un puerto sobre el Pacífico, es una de las rutas más codiciadas para exportar droga hacia Estados Unidos.
El gobierno colombiano, presionado por Washington, quiere acabar este año con 100.000 hectáreas de cultivos de coca a través de un cuestionado plan que combina la sustitución voluntaria con la erradicación forzada.
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